Luis Alfredo Collado

Luis Alfredo Collado

Por Luis Alfredo Collado.-Muchas leyes dominicanas tienen brechas que particulares y el propio Estado viola como si nada pasara. Entre ellas La Constitución y la Ley 64-00, sobre medio ambiente.

En su Artículo 15, la Carta Magna establece que “El agua constituye un patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida”. Sin embargo ese patrimonio lo ceden los gobiernos a corporaciones extranjeras y dominicanas para uso comercial, quitándole el derecho a la gente de disfrutarlo libremente.

La Ley 64-00 en el artículo 126, expresa; “Todas las aguas del país, sin excepción alguna, son propiedad del Estado y su dominio es inalienable, imprescriptible e inembargable. No existe la propiedad privada de las aguas ni derechos adquiridos sobre ellas”.

Ambas disposiciones son “letra muerta” porque en el caso de las playas es el Estado que viola La Constitución y la Ley de Medio Ambiente, al conceder derechos a extranjeros y nacionales para establecer negocios cuyo principal atractivo es precisamente el agua que nos consagra La Constitución como patrimonio.

Si usted interpreta el concepto de  lo que establece la ley, y piensa en Puerto Plata, Bávaro, o cualquier otro punto turístico del país, se va a reír más de una vez. Sobre todo si se le ocurre ir a bañarse a esas hermosas playas, lleve los referidos textos, se los muestra al personal de seguridad, le dice que va a usar la playa porque es un patrimonio sobre el cual no puede haber derechos adquiridos, y que  la ley lo ampara. La respuesta la habrá de imaginar.

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Para bañarse en este charco hay que pagar

El atractivo negocio del agua de mar, ahora lo están haciendo con el agua de los ríos. En la Cordillera Central y muy específico en nuestra área, literalmente se han privatizado tres balnearios y puede que en el futuro otros se animen a comercializar más espacios. El éxito de taquilla que experimentan puede ser un anticipo.

El Parque Temático Arroyo Hondo, La Ventana y Agua Caliente, no paran de recibir visitantes, el volumen de visitas hace pensar que son muy productivos. Fueron los primeros patrimonios de San José de las Matas, transformados en negocios bajo la excusa de que para mantenerlos es necesario cobrar entrada y estacionamiento. Parece que cuando los proyectaron hacer, no pensaron en otra forma de conservarlos sin la necesidad de violar las leyes. Obviaron que le estaban arrebatando un patrimonio a los serranos.

Fuera más o menos razonable, si a la gente de la zona se le permitiera la entrada gratis con solo mostrar un documento de identidad que confirme el lugar de nacimiento en cualquier municipio de La Sierra. Pero parece que quienes manejan esos balnearios no ven otra cosa que no sea el dinero, no les importa que durante toda una vida los habitantes de esas comunidades los han disfrutado libremente, los consideraban suyos y ahora se los han quitado.

Este debe ser un record nacional y algo sin precedentes en el país, no debe haber otro municipio que posea tres balnearios controlados por particulares como en San José de las Matas. El término “privatizado” no es del agrado de algunos que operan esos parques. Pero la realidad es que donde exigen cobro permanente por el uso, y restringen la entrada del público, no hay dudas de que es una privatización automática.

Estas personas también están incurriendo en un acto irresponsable que es muy frecuente en el país. Ellos cobran por el parqueo pero no se responsabilizan por lo que le pueda ocurrir al automóvil. Su advertencia dice, “No somos responsables de daños o perdidas en su vehículo”. Eso significa que allí la seguridad no existe.

Pero el letrero no los exime de responsabilidad, ya hubo consecuencias legales favorables a una demandante en cuyo estacionamiento advertían lo mismo a los clientes. Ocurrió en la Capital en el Multicentro La Sirena. A Yolanda Martínez, le robaron su carro y el Grupo Ramos, propiedad del negocio, tuvo que pagar 400 mil pesos.

La sala civil de la Suprema Corte de Justicia, en su sentencia establece que, “no somos responsables a robo o daños ocurridos a su vehículo en este parqueo”, es una disposición unilateral de quienes ofrecen el servicio. Explica la pieza que todo aquel que se beneficie de una actividad debe cargar con todos los riesgos.

Como ya existe un precedente nacional, quienes establecieron el cobro en los balnearios de La Sierra, son responsables directos por el robo o daños causados a los vehículos, aunque hayan puesto un letrero con un mensaje evasor de responsabilidad.

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