Francisco Ortega Polanco. EFE/Orlando Barría

La decisión del magistrado Francisco Ortega Polanco es apenas el inicio del proceso penal contra las personas señaladas por el Ministerio Público como receptores de los sobornos de Odebrecht.

Es una decisión controvertida y será criticada duramente por las partes enfrentadas. A cada imputado el juez Ortega Polanco le asignó medidas de coerción, siendo la más fuerte la correspondiente al señor Ángel Rondón Rijo, para quien se dictó un año de prisión preventiva para ser cumplida en la cárcel de la comunidad de La Victoria, mientras que para los demás imputado que tienen entre 9 y tres meses de prisión, la pena será cumplida en la cárcel Modelo de Najayo.

Ángel Rondón es el gran testigo de este caso, pues la empresa Odebrecht ha descansado en él para que ofrezca los datos sobre quiénes habrían sido los sobornados. La cárcel de La Victoria es altamente peligrosa y el señor Rondón podría correr riesgo en su seguridad personal. Entendemos que el Ministerio Público debe disponer de todas las medidas posibles para preservar la integridad física del señor Ángel Rondón, porque sin él el caso carece de relevancia, si es cierto que los fiscales están interesados en que haya descubrimiento de nuevos elementos que involucren a más personas, como ha quedado dicho en el documento de solicitud de medidas de coerción.

El juez Ortega Polanco ha satisfecho con amplitud la solicitud de medidas de coerción del Ministerio Público. Apenas ha dejado fuera de prisión a los legisladores, por razones legales, y a dos de los imputados por razones de salud, y contra quienes se dictó prisión domiciliaria.

Los ingenieros Radhamés Segura y Roberto Rodríguez Hernández tienen quebrantos de salud, y se encuentran bajo tratamiento médico. Ese tema no fue tratado públicamente en la audiencia, pero es obvio que el magistrado Ortega Polanco lo tomó en cuenta, y es probable que lo explique en su sentencia completa, cuando la misma sea dada a conocer.

Los imputados Temístocles Montás, César Sánchez, Andrés Bautista, Ruddy González, Máximo De Óleo, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga estarán privados de libertad entre 9 y tres meses. Están obligados a preparar sus casos, defenderse de las imputaciones y esperar que el Ministerio Público prepare y presente un expediente acusatorio. Mientras tanto, se espera que el debido proceso sea respetado, y que como hemos dicho en varias ocasiones, que la Procuraduría General de la República prepare un buen expediente sin los errores que se han cometido y detectado en este, y que los grados de responsabilidad pueda ser establecidos.

Esta también es una oportunidad para que la justicia se fortalezca y para que la sociedad dominicana se convenza de la conveniencia de una justicia creíble, independiente y sin grados de favoritismo con nadie. Este caso apenas está comenzando.3 Comentarios

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