Por EDWIN PANIAGUA

 El mundo parece haber girado hacia una postura anticorrupción. El hartazgo luce la razón principal. Miremos tres casos: España, América Latina y, por separado, la República Dominicana. En España, la andanada ha golpeado por igual a los casos grandes y a los pequeños. Cristina Cifuentes, presidente de la Comunidad de Madrid, se vio precisada a dimitir de su cargo por el hurto de dos cremas para la piel y la obtención dudosa de un título de maestría. Pasando a mayores, el caso Gürtel concluyó con una condena de varias decenas de años para Francisco Correa y Luis Bárcenas (figuras claves del Partido Popular), por el entramado de corrupción. Esto provocó que Mariano Rajoy dimitiera como presidente de España y del PP. Otro caso es el de Iñaki Undargarin (esposo de la infanta Cristina de Borbón y cuñado del rey Felipe VI) condenado, junto a su socio Diego Torres, por el manejo personal de los fondos de la fundación Nóos, que preside. Unas noventa personas guardan prisión o están siendo procesadas por corrupción, directamente, o por complicidad. Y aún así, muchos españoles entienden que la Justicia no es imparcial.

América Latina. En Brasil: el hecho más relevante es el de la condena de Lula da Silva, a quien todavía investigan por otros casos de corrupción y soborno (ya han tenido que testificar Dilma Roussef y Michel Temer).En Perú, tuvo que dimitir el presidente Pedro Kuczysnki. Otros dos expresidentes están siendo procesados o guardan prisión: Ollanta Humala (y su esposa), y Alan García. En Colombia, la Fiscalía investiga si hubo, definitivamente, un aporte tanto al actual presidente Juan Manuel Santos como a su adversario Óscar Iván Zuluaga. En Panamá, casi dos decenas de implicados, entre ellos el expresidente Ricardo Martinelli (extraditado) y parte de su círculo familiar. También se investiga al exmandatario Martín Torrijos y al presidente Juan Carlos Valera. En Guatemala, Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti, y hasta Álvaro Cólom están navegando en el mar del proceso judicial. Ecuador no ha sido la excepción: hasta Correa es investigado (y el fiscal, su amigo, tuvo que renunciar).

En la República Dominicana, ningún expresidente ha sido investigado por el caso Odebrecht. Y, aunque parezca un chiste, fue el presidente actual quien creó una comisión para investigar el mayor de los casos: Punta Catalina. Para ello, nombró a personas vinculadas al proyecto e, incluso, a una que terminó siendo el director (¿también tiene su “lado oscuro”?). El procurador, de su lado, anuncia “el antes y el después” de la lucha contra la corrupción. Y así será: “antes” los políticos le temían a un posible proceso judicial; “después” de este proceso, en el que más de la mitad quedó fuera y que ningún “gobernante” (dicho por uno de los corruptores) fue procesado, no tendrán ese temor. Ello, hasta el punto en que un presidente del Senado se burló diciendo: “Pasé por ese lodo, pero no me enlodé” y un expresidente dijo: “Yo no soy juez”, cuando le preguntaron por el caso. El flamante fiscal procesa a un exlegislador que recibió dos millones de pesos de Ángel Rondón y deja fuera a otro, ministro del Gobierno, que admitió haber recibido diez (dirían mis estudiantes: ¿Y los otros pa cuándo?). Como nota al margen, el Departamento de Estado acaba de suspender el visado a Félix Bautista y al núcleo directo de su familia, por corrupción en Haití. Una segunda nota es que la mayoría de los expedientes se fundamentan no en el soborno, en sí mismo, sino en que los funcionarios no pueden demostrar la adquisición de su riqueza. Diré en el mismo tono del expresidente: “Yo no soy juez”, pero el procurador está acusando de una falta y está presentando evidencia de otra. Y, en ese sentido, si quiere acusar por desproporción entre ingresos declarados y bienes, le pido a Dios que le dé tres vidas y salud porque la lista será interminable: señor procurador, comience por el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana.

El autor es profesor universitario. Reside en Santiago de los Caballeros.

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