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Tras décadas de impunidad, la familia de Víctor Jara encuentra justicia en Estados Unidos
SANTIAGO, Chile — Cuatro décadas después de que el cuerpo acribillado del cantautor chileno Víctor Jara apareciera en medio de la violencia del golpe militar que sacudió a Chile, su familia ha encontrado algo de justicia en un tribunal de Florida.
Un juzgado federal en Orlando concluyó que un exoficial del ejército chileno que emigró a Estados Unidos y trabajó como cocinero es responsable de la tortura y la ejecución extrajudicial de Jara en el Estadio Chile, en Santiago, donde estuvo detenido tras el golpe que llevó al poder al general Augusto Pinochet.
El tribunal también ordenó una indemnización de 28 millones de dólares para la familia Jara.
Pedro Pablo Barrientos, de 67 años, ahora tiene la nacionalidad estadounidense y vive en Deltona, Florida. Se le acusaba en el marco de una demanda civil basada en una ley que apoya a víctimas de violaciones de los derechos humanos cometidas fuera de Estados Unidos.
En Chile, Barrientos ha sido procesado por el homicidio de Jara y la justicia chilena ha solicitado su extradición. No está claro de qué manera la decisión del tribunal en Florida influirá sobre la petición de extradición.
Jara, que tenía 40 años cuando fue asesinado, era un cantante y director de teatro de gran éxito y popularidad. Militaba en el Partido Comunista y apoyaba al gobierno de Salvador Allende. Sus canciones, enraizadas en sus propios orígenes humildes en una familia campesina, hablaban de pobreza e injusticia y aún se escuchan en todo el mundo. Se le describe muchas veces como el “Bob Dylan de América del Sur”.
Su viuda, la bailarina británica Joan Jara, y sus hijas Manuela y Amanda, que tenían 13 y 8 años en aquel momento, se mudaron al Reino Unido tras el golpe y desde entonces han tratado de llevar a los responsables al banquillo de los acusados. Volvieron a radicarse en Chile en 1991.
Joan Jara, de 88 años, habló de cómo su vida fue “cortada en dos” tras el golpe de estado y el asesinato de su marido.
“Fue el final de mi primera vida porque perdí mucho ese día”, dijo. “Perdí mi trabajo y mi profesión. Mis hijas dejaron la escuela, sus amigos, su casa y su país. Nunca pude casarme de nuevo. Estuve muy enamorada de Víctor”.
Barrientos compareció ante el juez el 13 de junio acusado por el Center for Justice & Accountability, una organización de derechos humanos de San Francisco, y por la firma de abogados de Nueva York Chadbourne & Parke.
En 2013 habían presentado una demanda civil contra Barrientos en nombre de la familia de Jara acogiéndose a la ley de protección de víctimas de la tortura, aprobada para que violadores de derechos humanos que viven en Estados Unidos rindan cuentas por sus actos.
Un día después del golpe del 11 de septiembre de 1973, Jara fue detenido, junto a cientos de profesores y estudiantes, durante el asalto del ejército a la Universidad Técnica del Estado, donde trabajaba. Los llevaron al Estadio Chile, convertido en centro de detención. En 2003 el estadio pasó a llamarse Estadio Víctor Jara.
Tres días después el cuerpo de Jara, con docenas de heridas de bala, apareció en las afueras de un cementerio en Santiago junto a otras cuatro víctimas. La autopsia de sus restos, exhumados en 2009, confirmó dos disparos en la nuca y otras 44 heridas por todo el cuerpo.
Un exsoldado, José Navarrete, testificó que Barrientos se jactaba de ser quien disparó a Jara dos veces en la cabeza. “Solía sacar su pistola y decir ‘con esta maté a Víctor Jara’”. Navarrete, que dio testimonio en un video grabado el año pasado, dijo que no había hablado antes por temor a represalias.
No se conocía el paradero de Barrientos hasta mediados de 2012, cuando un equipo de la televisión chilena lo encontró en Florida, donde se había mudado tras el final de la dictadura chilena en 1990. En diciembre de 2012 un juez chileno, Miguel Vásquez, condenó en ausencia a Barrientos por el asesinato y lo pidió en extradición a Estados Unidos.
Tomado del Periódico The New York Times
