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miércoles, mayo 18, 2022

Que se debata

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El contrato del Fideicomiso de Punta Catalina ha generado una controversia en el país solo comparable a la que se produjera con la de la Reforma Fiscal, sobresalen los que favorecen el actual contrato propuesto y las voces que lo rechazan por considerarlo lesivo al interés nacional.

Los argumentos en contra o a favor van de un lado al otro tratando de igualar el balance en el debate, pero dejando confusa y opaca la validez de los argumentos. Por eso es razonable y democrático la realización de un debate a fondo que permita el esclarecimiento de la propuesta. La institucionalidad democrática se fortalece con el consenso y el diálogo permanente y racional.

Existe la duda sobre el articulado que contiene el contrato, el cual se presta para que se interprete como un artificio jurídico para asegurar la apropiación privada de patrimonio público que representa Punta Catalina. Otros en cambio lo consideran un instrumento idóneo para asegurar la eficiencia y el buen manejo de la empresa.

Entonces, en esa controversia se deben debatir los argumentos hasta que se llegue a una concepción consensuada e iluminada que asegure la eficiencia de la empresa y el patrimonio público.

La cuestión es llegar a esa fórmula jurídica que garantice eficiencia en la gestión y preservación del patrimonio público. Una solución mediante el debate, además, fortalecería dos cosas: la institucionalidad democrática de la nación; y la materialización del nuevo paradigma de gobernante que se ha propuesto construir el presidente Abinader.

Desde que se inició el proceso de transformación del régimen político autoritario y estatizador de Trujillo, por uno democrático que exige racionalidad y transparencia y a la vez res­peto a la Ley y a la voluntad popular, se ha considerado necesario que el Estado se maneje dándole prioridad a la iniciativa privada, bajo la creencia, no necesariamente verdadera, de que el sector privado es más eficiente que el sector público.

Pero esa creencia no siempre ha dado buenos resultados para la nación en los múltiples casos de inversión público-privada. Por el contrario, muchos de esos contratos público-privados han servido para la explotación de los recursos nacionales en perjuicio del interés nacional y para el fomento de las oligarquías tradicionales, nacionales o extranjeras.

Esa tendencia se ha hecho aún más profunda con la estrategia de la globalización neoliberal, hasta el punto de privatizar hasta la misma función pública, a través de la más espantosa y estructural corrupción administrativa que convirtió la política en negocio.

Asumiendo esas consideraciones como refe­rencias de fondo, en este caso del contrato del Fideicomiso de Punta Catalina, lo que procede es un sopesado debate, que puede darse en el Congreso Nacional o en eventos televisivos entre los diversos sectores en controversia, hasta que se llegue al momento del esclarecimiento y del consenso.

Le conviene al país y le conviene al propio gobierno comprometido con el “cambio” por una mejor y más fuerte institucionalidad democrática, que será su mayor legado.

¡Qué se debata, pues, el contrato del Fidei­comiso Punta Catalina! 

Fuente: © La Información

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