La tensión explotó puertas adentro. Y esta vez, terminó con una destitución.
El presidente Donald Trump cesó al director del Servicio Interno de Impuestos (IRS), Billy Long, luego de que este se negara a compartir información fiscal sensible solicitada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para identificar a presuntos inmigrantes indocumentados. La revelación la hizo el Washington Post en una exclusiva que ha sacudido los pasillos de Washington.
La verdad es que el conflicto venía gestándose. El jueves, el DHS pidió al IRS que ampliara información personal de una lista de 40,000 personas sospechosas de vivir en el país sin estatus legal. No se trataba solo de nombres y direcciones básicas. Según el reporte, la solicitud incluía acceso a datos confidenciales de declaraciones de impuestos.
En un primer momento, el IRS colaboró parcialmente. Logró identificar cerca del 3 % de los nombres, sobre todo aquellos vinculados a un número ITIN, el código que muchos inmigrantes utilizan para trabajar y, además, pagar impuestos. Y es que, aunque no tengan estatus migratorio regular, miles de indocumentados contribuyen cada año con miles de millones de dólares al fisco estadounidense.
Pero el punto de quiebre llegó después.
El DHS habría solicitado información más delicada: datos de declaraciones fiscales, incluyendo quiénes reclamaron exenciones o créditos tributarios que, según su estatus migratorio, podrían no corresponderles. Ahí se encendieron las alarmas dentro del IRS. Funcionarios de alto nivel expresaron su preocupación por el uso de información protegida por estrictas leyes de privacidad tributaria.
No es un detalle menor. La información fiscal en Estados Unidos está blindada por normas que, históricamente, han limitado su uso a fines estrictamente tributarios. Para muchos expertos en privacidad, abrir esa puerta para procesos de deportación sería como romper una línea roja.
Además, abogados especializados en derecho tributario han advertido que utilizar datos de declaraciones para fines migratorios podría vulnerar derechos fundamentales y socavar la confianza en el sistema fiscal. Porque, seamos honestos, si los contribuyentes —documentados o no— sienten que sus datos pueden ser usados en su contra, el impacto podría ser profundo.
El choque entre ambas agencias terminó con la salida de Long. Una decisión que deja claro que el debate sobre hasta dónde puede llegar la colaboración interinstitucional en materia migratoria apenas comienza.
Y es que, más allá de un nombre o un cargo, lo que está en juego es algo más grande: el delicado equilibrio entre control migratorio, legalidad fiscal y privacidad individual. Un terreno complejo. Sensible. Y ahora, más tenso que nunca.
