Seis profesionales de la salud figuran entre los implicados en una investigación que destapó presuntos tratamientos falsos contra las adicciones, operaciones innecesarias y cobros millonarios a programas de seguros médicos.
LOS ÁNGELES, Estados Unidos. – Personas sin hogar utilizadas para generar facturas médicas, pacientes sometidos a procedimientos quirúrgicos que no necesitaban y adultos mayores inscritos como enfermos terminales sin su conocimiento forman parte de un escándalo de fraude sanitario que ha llevado a las autoridades estadounidenses a presentar cargos contra 15 personas, entre ellas seis profesionales de la salud.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó el jueves 22 de octubre de 2026 que los diferentes esquemas investigados involucran cerca de 2,000 millones de dólares en reclamaciones presuntamente fraudulentas a aseguradoras privadas y programas públicos de asistencia médica.
Ocho de los acusados fueron arrestados durante un operativo federal que incluyó actuaciones en California, Texas e Illinois.
Más allá de las cifras millonarias, las investigaciones describen un sistema que presuntamente convirtió a pacientes vulnerables en instrumentos para obtener pagos por servicios médicos inexistentes, innecesarios o prestados de manera irregular.
Ofrecían tratamiento contra las adicciones, pero buscaban cobrar seguros
El caso de mayor dimensión está relacionado con una presunta red de centros de rehabilitación que facturó más de 1,600 millones de dólares a compañías aseguradoras privadas.
Según los fiscales federales, Nathan Young, de 39 años, y su padre, David Young, de 71, controlaban numerosas empresas dedicadas supuestamente al tratamiento de personas con problemas de consumo de alcohol y drogas.
Para conseguir pacientes, habrían recurrido a intermediarios que identificaban personas sin hogar, ciudadanos en situación de pobreza y participantes de programas de recuperación.
A cambio de ingresar a los centros, algunos recibían promesas de boletos aéreos gratuitos, alojamiento, dinero y otros beneficios.
Sin embargo, la realidad que encontraron muchos de ellos fue diferente.
Las autoridades describen instalaciones con hacinamiento y condiciones insalubres. También sostienen que algunos pacientes fueron medicados para impedir que abandonaran los establecimientos, mientras las empresas continuaban facturando sus supuestos tratamientos.
En determinados casos, los responsables habrían instruido a empleados para que los pacientes exageraran o inventaran síntomas que justificaran servicios de desintoxicación.
El Departamento de Justicia considera esta investigación el mayor caso de fraude en tratamientos por abuso de sustancias que haya procesado.
Pacientes habrían sido operados sin necesidad médica
Otra parte de la investigación involucra al cirujano cardiotorácico Harold Tabaie, de 78 años, y a su socio Hany Malek, un quiropráctico de 61 años.
Ambos están acusados de participar en un presunto esquema de aproximadamente 135 millones de dólares, mediante el cobro a Medicare por procedimientos destinados a retirar obstrucciones de las arterias.
De acuerdo con los documentos judiciales, algunos pacientes fueron sometidos a intervenciones invasivas pese a no presentar las enfermedades que supuestamente justificaban las operaciones.
Otros recibieron procedimientos repetidos que, según los fiscales, ocasionaron dolor intenso y molestias.
Los investigadores detectaron irregularidades mediante herramientas de análisis de datos que permitieron identificar una cantidad excepcionalmente elevada de procedimientos facturados por uno de los médicos.
Este expediente plantea una preocupación que trasciende las pérdidas económicas: el riesgo al que pueden quedar expuestos los pacientes cuando las decisiones médicas responden a incentivos financieros ilegales.
Registraban como enfermos terminales a personas que no lo estaban
Las autoridades también investigan tres esquemas relacionados con más de 138 millones de dólares facturados presuntamente de manera fraudulenta a Medicare por servicios de hospicio, destinados a pacientes con enfermedades terminales.
Los expedientes señalan que algunas empresas inscribían a beneficiarios que no reunían las condiciones médicas necesarias y utilizaban documentos o certificaciones cuestionadas para justificar los cobros.
Lo más preocupante es que varios pacientes desconocían que figuraban registrados como enfermos terminales.
En Estados Unidos, los cuidados de hospicio cubiertos por Medicare están destinados a personas con enfermedades cuya expectativa de vida es de seis meses o menos, cuando se cumplen determinados requisitos clínicos.
Una inscripción fraudulenta puede afectar el acceso del paciente a otros servicios médicos y generar pagos indebidos.
Investigan otro fraude millonario con medicamentos
Entre los expedientes anunciados figura también el de Christina Mareik, de 61 años, vinculada a un presunto esquema de facturación irregular al programa Medi-Cal, que proporciona cobertura médica a residentes elegibles de California.
Según el Departamento de Justicia, los implicados habrían presentado reclamaciones por aproximadamente 269 millones de dólares mediante recetas de medicamentos innecesarios.
Las autoridades estiman que el programa llegó a desembolsar al menos 178.7 millones de dólares.
La investigación incluye acusaciones relacionadas con la utilización de recetas y documentación médica para obtener pagos por medicamentos que no respondían a necesidades reales de los pacientes.
Una investigación que pone bajo presión al sistema sanitario
Los casos anunciados en California forman parte de los esfuerzos federales para combatir el fraude en los servicios de salud.
En junio de 2026, el Departamento de Justicia había anunciado otro operativo nacional en el que fueron acusadas 455 personas por esquemas que involucraban más de 6,500 millones de dólares en reclamaciones presuntamente fraudulentas.
Las nuevas investigaciones vuelven a colocar bajo escrutinio los mecanismos de supervisión de aseguradoras, clínicas y programas financiados con recursos públicos.
También ponen de manifiesto cómo personas mayores, pacientes con adicciones y ciudadanos económicamente vulnerables pueden convertirse en víctimas de prácticas que buscan aprovechar sus necesidades de atención médica.
Una distinción importante es que los casi 2,000 millones de dólares citados por las autoridades no representan necesariamente dinero efectivamente pagado. La cifra comprende reclamaciones fraudulentas y pérdidas alegadas en las investigaciones, cuyos montos deberán establecerse judicialmente.
El Departamento de Justicia mantiene abiertos los diferentes procesos. Las personas acusadas conservan su presunción de inocencia hasta que se demuestre su responsabilidad ante los tribunales.
