Un levantamiento contabiliza al menos 107 fallecidos entre septiembre y octubre de 2026. La Fiscalía de Santiago investiga ocho casos, mientras crecen los cuestionamientos sobre el uso de la fuerza letal y la actuación de la Policía Nacional.
SANTO DOMINGO, República Dominicana. — Al menos 107 personas murieron durante intervenciones de la Policía Nacional entre septiembre y octubre de 2026, una cifra que ha colocado bajo escrutinio los procedimientos utilizados por los agentes y ha reabierto una discusión que el país conoce desde hace décadas: dónde termina el legítimo combate contra la delincuencia y dónde comienzan los posibles abusos de autoridad.
Según un levantamiento publicado por Diario Libre, septiembre registró 55 fallecimientos clasificados oficialmente como muertes por “acción legal”, mientras que en octubre se documentaron otros 52 mediante recopilaciones periodísticas.
El incremento resulta significativo frente a agosto, cuando las autoridades contabilizaron ocho muertes bajo esa clasificación.
La mayoría de los casos corresponde a operativos de la Dirección Central de Investigación (Dicrim). De acuerdo con las versiones policiales, los fallecidos eran personas buscadas por presuntos delitos que habrían enfrentado a los agentes con armas de fuego.
Sin embargo, esas versiones requieren comprobación independiente para establecer las circunstancias particulares de cada muerte.
Ocho casos bajo investigación en Santiago
La fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu, confirmó que el Ministerio Público investiga al menos ocho casos relacionados con presuntos intercambios de disparos.
Entre el 14 de septiembre y el 27 de octubre, 15 personas fallecieron en esa provincia durante intervenciones policiales.
La magistrada explicó que las investigaciones incluyen levantamientos de información y entrevistas a testigos, con el propósito de determinar posibles responsabilidades penales.
Mientras tanto, siete abogados presentaron el 21 de octubre una querella contra el director general de la Policía Nacional, Ernesto Rafael Rodríguez García, y varios oficiales de la Dicrim, por presuntas irregularidades vinculadas con estas actuaciones.
La acción judicial no constituye una determinación de culpabilidad.
El Gobierno defiende los controles y rechaza los abusos
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, rechazó que exista una política gubernamental de ejecuciones y aseguró que las autoridades trabajan para fortalecer la supervisión policial.
Informó que más de 8,000 agentes cuentan con cámaras corporales y que el sistema de emergencias 911 dispone de más de 10,000 cámaras de vigilancia.
Por su parte, el director policial defendió la necesidad de presentar pruebas antes de establecer responsabilidades.
El debate también llegó al Senado, donde legisladores como Antonio Taveras Guzmán cuestionaron las muertes, mientras Ramón Rogelio Genao y Rafael Barón Duluc expresaron respaldo a las actuaciones policiales.
¿Qué permite la ley sobre el uso de la fuerza?
El artículo 9 del Reglamento sobre el Uso de la Fuerza de la Policía Nacional establece que la fuerza letal constituye un recurso excepcional, permitido cuando existe peligro inmediato para los agentes o terceras personas.
Tener antecedentes penales o una orden de arresto no autoriza, por sí solo, a privar de la vida a una persona.
Las 107 muertes documentadas no significan que todas constituyan ejecuciones extrajudiciales. Esa determinación corresponde a investigaciones sustentadas en pruebas.
El desafío para las autoridades será esclarecer los hechos, establecer responsabilidades cuando proceda y demostrar que la seguridad ciudadana puede garantizarse dentro de los límites establecidos por la Constitución y las leyes.
