Se ha reconocido por el pensamiento crítico que uno de los efectos más resaltantes del llamado “capitalismo salvaje” es la devastación del medio ambiente que tiene lugar en el mundo entero, en nombre de la necesidad intrínseca que reside al interior del sistema económico que impone a los agentes de la economía la búsqueda y logro de la maximización de los beneficios cueste lo que cueste.
Esa realidad que vive el mundo actual se manifiesta en un país como el nuestro, donde agentes de la economía buscan maximizar sus beneficios a costa de apropiarse para sí del costo social que implica la explotación y el deterioro del medio ambiente y los recursos naturales.
Con frecuencia vemos en la prensa reportes que dan cuenta de los “ecocidios” que esos agentes de la economía cometen contra el medio ambiente y los recursos naturales, especialmente los hídricos y minerales.
Los Haitises, las Dunas de Baní y la red hídrica son espacios preferidos por los depredadores que de forma inconsciente devoran el medio ambiente para maximizar beneficios, pero creándole al país un gran pasivo ambiental que podría ser irrecuperable.
Esas actividades de depredación del ambiente natural han quedado dramáticamente evidenciadas en el caso que se ha dado a conocer por el alcalde de Villa Vásquez, en las proximidades de la playa de Buen Hombre, en Montecristi.
Muchas de esas actividades contra la naturaleza se realizan fuera del marco legal cayendo en la ilicitud, y contando con la complicidad de algunas autoridades responsables de preservar y proteger al medio ambiente. Así, la corrupción no solo dilapida los recursos públicos, sino también los recursos naturales que deben utilizarse y preservarse para beneficio de todos y de la vida misma.
Se sabe que el ministro de Medio Ambiente, un prestigioso y honesto profesional dominicano, viene impulsando una gestión interna para tecnificar los procesos y evitar la corrupción del personal bajo su dirección, al tiempo de sanear el personal de la cartera sacando a cientos de ellos.
No obstante, frente a los casos escandalosos de depredación ambiental, que con frecuencia salen a la luz pública, se requiere combinar la gestión de alta calidad técnica con acciones “brutales” aterrizadas, pero respetando el orden jurídico, para un mayor control externo del medio ambiente.
En ese orden, el Ministerio de Medio Ambiente deberá poner en movimiento la acción de la justicia para someter a los “salvajes” responsables del “ecocidio” de Montecristi.
A veces en la administración pública hay que saber combinar la “inteligencia” con la “brutalidad”, respetando el marco jurídico “civilizado”.
¡Qué haya régimen de consecuencias en el caso de Villa Vásquez!
Fuente: La Información
