Por Luis Alfredo Collado.- Los dominicanos que son residentes y ciudadanos de los Estados Unidos con cuentas en entidades financieras, como bancos y cooperativas, están bajo la vigilancia del Tío Sam. Esto es conforme a la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA, por sus siglas en inglés), una normativa que, aunque no es nueva, fue aprobada el 18 de marzo de 2010 por el Congreso de los Estados Unidos.
República Dominicana firmó el “Acuerdo FATCA de intercambio recíproco” el 15 de septiembre de 2016, y entró en vigor hace cinco años, el 17 de julio de 2019. Desde esa fecha, cuando un residente o ciudadano de Estados Unidos acude a una institución financiera en el país, le exigen proporcionar su número de Seguro Social, dirección de residencia, lugar de trabajo y el monto de sus ingresos. Sin embargo, muchos clientes que viven en Estados Unidos no se enteran de la aplicación de esta ley hasta que el banco o la cooperativa les piden actualizar su cuenta.
La ley FATCA tiene como objetivo principal detectar y evitar la evasión fiscal de residentes y ciudadanos estadounidenses que obtienen beneficios fuera de los Estados Unidos, así como el lavado de activos.
Para cumplir con este acuerdo, las instituciones financieras dominicanas están obligadas a reportar las cuentas financieras de sus clientes identificados como estadounidenses a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la cual comparte esta información con el Internal Revenue Services (IRS), de los Estados Unidos.
FATCA establece una red de control fiscal sobre los ciudadanos y residentes incluso aquellos que se encuentran en la República Dominicana, asegurando que cumplan con sus obligaciones fiscales con el gobierno de los Estados Unidos.
