En una decisión que sacude los cimientos de la política comercial de Estados Unidos, el Tribunal Supremo asestó este viernes un golpe directo a la estrategia arancelaria del presidente Donald Trump. Y la verdad es que no fue un matiz técnico ni una corrección menor. Fue un mensaje claro.
Con una votación 6-3, la Corte —de mayoría conservadora— determinó que el Gobierno se extralimitó al utilizar poderes de emergencia para imponer buena parte de los aranceles que marcaron el pulso económico del segundo mandato del mandatario republicano. Es, sin rodeos, uno de los reveses más significativos que ha recibido Trump desde su regreso a la Casa Blanca.
El argumento del Supremo
Corte Suprema de los Estados Unidos concluyó que el presidente no puede invocar la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977 para imponer aranceles en tiempos de paz sin invadir una facultad que la Constitución reserva al Congreso: la potestad tributaria.
En palabras del presidente del tribunal, John Roberts, los aranceles no son simples herramientas diplomáticas. Son, en esencia, impuestos. Y los impuestos, recordó la mayoría, no pueden quedar al arbitrio exclusivo del Ejecutivo.
El fallo considera que permitir esa interpretación abriría la puerta a una delegación excesivamente amplia del poder fiscal. Dicho en términos más cotidianos: sería como entregar la chequera nacional sin límites claros.
¿Qué aranceles quedan en el aire?
La decisión impacta medidas clave del andamiaje comercial impulsado por Trump:
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La tarifa base global del 10 % a importaciones extranjeras.
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Los llamados aranceles “recíprocos” contra socios comerciales.
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El gravamen adicional del 25 % a México y Canadá para presionar en el combate contra el fentanilo.
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El aumento de hasta un 50 % a Brasil e India.
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La suspensión de la histórica exención ‘de minimis’, que facilitaba el comercio electrónico de pequeños envíos.
En conjunto, hablamos de miles de millones de dólares. De hecho, la propia Administración reconoció que desde abril de 2025 se han recaudado unos 240.000 millones de dólares bajo estas medidas.
Y aquí surge la gran incógnita: ¿se devolverá ese dinero? Trump admitió que sería “prácticamente imposible” reembolsar esas sumas a los importadores. Además, funcionarios han dejado entrever que buscarán sostener el marco arancelario utilizando otras leyes. Es decir, la batalla legal podría no haber terminado.
División en el alto tribunal
No todos los jueces estuvieron de acuerdo. Los magistrados más conservadores —Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh— defendieron que la ley sí puede emplearse en asuntos de política exterior y que limitar al presidente en este terreno debilita su margen de acción internacional.
Pero la mayoría no compró ese argumento.
Un revés político en pleno pulso económico
Según reportes citados por NBC, Trump calificó la decisión como una “vergüenza”. Y es comprensible que lo vea así. Durante meses insistió en que los aranceles eran la piedra angular de su éxito económico y su principal herramienta de presión frente a otros países.
La verdad es que este fallo no solo redefine los límites legales. También envía una señal institucional potente: incluso en un clima político polarizado, el equilibrio de poderes sigue siendo una línea roja.
Ahora el escenario queda abierto. El Ejecutivo podría explorar nuevas bases legales. El Congreso podría intervenir. Y los importadores, que ya sintieron el peso de esas tarifas, esperan claridad.
En Washington, la guerra comercial entra en una nueva fase. Y esta vez, el campo de batalla no está en los puertos ni en las aduanas… sino en la interpretación de la Constitución.
