La tensión en Mineápolis dio un giro este sábado, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que ordenó retirar a los agentes federales de las manifestaciones en esa ciudad y otras gobernadas por demócratas. La decisión llega tras semanas de protestas y tras la muerte de dos manifestantes durante operativos federales.
«He instruido a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que bajo ninguna circunstancia participaremos en las protestas o disturbios de diversas ciudades demócratas mal administradas, a menos que nos soliciten ayuda», escribió Trump en su red social Truth, dejando claro que ahora serán los gobiernos locales y estatales los responsables de garantizar la seguridad durante las manifestaciones.
Sin embargo, el mandatario advirtió que los agentes federales seguirán protegiendo con firmeza todos los edificios del Gobierno federal que sean atacados. «No se permitirá escupir en la cara a nuestros oficiales, ni lanzar piedras, ladrillos o dañar nuestros vehículos», señaló, agregando que cualquier agresión contra los agentes tendrá consecuencias inmediatas y severas.
La decisión de Trump ocurre en medio de un clima de indignación nacional, luego de que dos manifestantes, Renée Good y Alex Pretti, ambos estadounidenses de 37 años, fallecieran por disparos de agentes federales durante las protestas contra las redadas migratorias en Mineápolis. Las muertes desataron indignación y críticas desde distintos sectores del país.
Esta situación se enmarca dentro de la llamada operación ‘Metro Surge’, lanzada por el Gobierno federal en diciembre, destinada a arrestar a migrantes indocumentados en Minnesota, un estado con administración demócrata. Las agresivas redadas provocaron una ola de protestas, donde miles de personas exigieron la salida de los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).
La semana pasada, ante la escalada de tensión, Trump envió a su zar fronterizo, Tom Homan, a supervisar los operativos en Mineápolis, buscando una “desescalada”. A pesar de la retirada de los agentes de las calles, el presidente aseguró que las redadas continuarán, dejando en evidencia la compleja línea entre la seguridad federal y la presión de las comunidades locales.
La situación sigue siendo delicada, y la atención del país se centra ahora en cómo los gobiernos locales asumirán la responsabilidad de la seguridad, mientras las voces de los manifestantes y las familias afectadas reclaman justicia y control sobre las operaciones federales en sus ciudades.
