El Gobierno salió al frente. Con un tono firme, pero sin dramatismos innecesarios, el ministro de la Presidencia, José Paliza, aseguró que la administración mantiene una línea clara de transparencia y apego institucional frente a las denuncias sobre supuestas irregularidades administrativas en el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (Feda) y el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA).
La verdad es que el tema ha generado ruido, y Paliza no lo esquivó. Explicó que existen mecanismos formales para comprobar si es cierto que se estarían realizando cobros de cuotas a servidores públicos con fines políticos. Y fue directo: si algo así se confirma, no tendría cabida ni en la gestión del presidente Luis Abinader ni en los principios del Partido Revolucionario Moderno (PRM). “Serían prácticas inoportunas”, dijo, marcando distancia con claridad.
Además, adelantó que los organismos correspondientes deberán hacer su trabajo y que la dirección ejecutiva del PRM se reunirá en los próximos días, un espacio donde el tema podría entrar en la agenda. Paliza fue más allá y dejó claro que incluso conductas que no crucen la línea de lo penal pueden ser moralmente reprochables, y por tanto merecer sanciones y rechazo político.
Por su parte, el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, señaló que hasta el momento no ha recibido denuncias formales relacionadas con el Feda. Sin embargo, confirmó que el director de esa entidad solicitó acompañamiento técnico para reforzar los procesos internos, especialmente en lo relativo al pago de empleados. Un paso que, al menos en lo inmediato, busca bajar tensiones y reforzar la confianza.
