Santo Domingo. — Hay momentos en los que una decisión política trasciende el despacho y se instala en la calle. La orden del presidente Luis Abinader de detener de inmediato cualquier actividad vinculada al proyecto minero Romero, en la provincia de San Juan, parece ser uno de ellos.
La medida no llegó en silencio. Fue anunciada con un mensaje directo, casi didáctico, en el que el mandatario insistió en una idea que, más allá de la frase, busca marcar una línea de acción: escuchar. “Este Gobierno escucha, con atención, con respeto y con responsabilidad”, dijo, en un tono que buscaba conectar con una preocupación que llevaba tiempo creciendo en distintos sectores de la sociedad.
Y es que, la verdad, el proyecto Romero no es nuevo. Su historia se remonta a concesiones otorgadas en 2005, renovadas en años posteriores, con estudios técnicos autorizados en 2015 y 2018. Un proceso largo, técnico, a ratos distante de la gente… hasta que dejó de serlo.
Porque en San Juan, el debate ya no era solo técnico. Era emocional. Era comunitario. Era, para muchos, una cuestión de futuro.
Abinader lo dejó claro: bajo su gestión, el proyecto se encontraba únicamente en fase de evaluación ambiental. No había autorización para explotación. Pero aun así, el rechazo social, según explicó, fue determinante. La Ley 64-00 de Medio Ambiente establece que cuando existe una oposición masiva de la población, la viabilidad de un proyecto de esta naturaleza queda comprometida.
Ahí es donde la decisión adquiere otro peso.
No se trata solo de detener una iniciativa minera. Se trata, en cierto modo, de reconocer que hay procesos que no pueden avanzar si la confianza no está presente. Que el desarrollo, por más prometedor que sea en términos económicos, necesita legitimidad social.
“Mi compromiso es con el país, con su gente y con su futuro”, añadió el mandatario. Una frase que suena institucional, sí, pero que en este contexto carga con una intención más amplia: equilibrar crecimiento y sostenibilidad, inversión y comunidad.
En San Juan, mientras tanto, la noticia ha sido recibida con una mezcla de alivio y cautela. Alivio, porque el proyecto se detiene. Cautela, porque el tema —como muchos en el ámbito ambiental— rara vez se cierra del todo.
Y es que, al final, decisiones como esta no solo resuelven un conflicto puntual. También abren preguntas más profundas:
¿cómo se define el desarrollo en territorios con alto valor ambiental?
¿hasta dónde llega la voz de la comunidad en proyectos de gran escala?
Por ahora, lo concreto es esto: el proyecto Romero se detiene.
Y con él, al menos por el momento, una tensión que venía creciendo… casi en silencio.
