El polémico fondo de US$ 1.776 millones impulsado por la Casa Blanca ya provoca tensión dentro del propio Partido Republicano.
En Washington hay temas que generan ruido político. Y después están los que directamente hacen temblar los pasillos del Capitolio.
La propuesta impulsada por el entorno de Donald Trump para crear un fondo millonario destinado a compensar a personas que aseguren haber sido investigadas “injustamente” por el Gobierno ya comenzó a abrir grietas incluso entre republicanos. Y lo cierto es que el debate apenas empieza.
La iniciativa contempla un fondo cercano a los US$ 1.800 millones. Según fuentes citadas en las conversaciones internas, la idea sería compensar a aliados y ciudadanos que, según la narrativa promovida por la Casa Blanca, fueron víctimas de una “instrumentalización” del sistema judicial durante administraciones anteriores.
Pero la propuesta no tardó en encender alarmas.
Demócratas ya hablan de un posible mecanismo de abuso institucional. Mientras tanto, algunos republicanos —aunque todavía con cautela— empiezan a preguntar en privado algo que hasta hace unas semanas parecía impensable: ¿quién decidirá quién fue perseguido injustamente… y con qué dinero se pagará?
Y es que la controversia no se limita al fondo en sí.
El plan aparece en medio de las negociaciones entre los abogados de Trump y el Departamento de Justicia para resolver una demanda de US$ 10.000 millones relacionada con la filtración de declaraciones fiscales del entonces presidente durante su primer mandato.
Según CNN, funcionarios del Departamento de Justicia, la Casa Blanca y el IRS han participado en conversaciones sobre el posible acuerdo, aunque todavía no está claro de qué agencia saldrían exactamente los recursos.
La cifra tampoco parece casual.
Los US$ 1.776 millones serían un guiño simbólico al año de independencia de Estados Unidos, justo cuando el país se acerca al aniversario 250 de su fundación. Además, el fondo llevaría el nombre de “Comisión de la Verdad y la Justicia del Presidente Donald J. Trump”, un detalle que para muchos críticos convierte la propuesta en algo más político que institucional.
La verdad es que el tema toca fibras sensibles dentro del Partido Republicano.
Porque aunque buena parte de la base trumpista respalda la narrativa de persecución política, varios legisladores temen que el proyecto termine beneficiando indirectamente a personas vinculadas al asalto al Capitolio del 6 de enero. Y ahí el costo político podría dispararse.
Además, expertos legales ya anticipan posibles impugnaciones judiciales si el fondo llega a concretarse.
Uno de los puntos más delicados es que la propia Casa Blanca habría buscado evitar que Trump reciba pagos directos del fondo para esquivar conflictos éticos. Sin embargo, eso no ha sido suficiente para calmar las críticas.
Todo esto nace a raíz de la filtración de documentos fiscales de Trump por parte de Charles Littlejohn, excontratista del IRS, quien fue condenado a cinco años de prisión tras divulgar información tributaria a medios como The New York Times y ProPublica.
Ahora, el problema para Trump parece otro.
Ya no se trata únicamente de enfrentar a los demócratas. Lo más incómodo para la Casa Blanca podría ser ver cómo parte de su propio partido empieza a marcar distancia en uno de los temas más delicados de su nuevo mandato.
Y en Washington, cuando eso ocurre, normalmente es porque el ruido político apenas está comenzando.
