Complejo de nueve edificaciones construidas de manera ilegal dentro de la franja de protección de 30 metros del río Yaque del Norte, en la comunidad La Guázara, Jarabacoa. (FOTO CEDIDA POR EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE)
Santo Domingo.– El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales elevó el tono frente a las construcciones levantadas dentro de las franjas de protección de los ríos, tras intervenir proyectos en Jarabacoa y Monseñor Nouel que, según las autoridades, avanzaron sin las autorizaciones ambientales correspondientes.
La operación de mayor alcance se produjo en La Guázara, Jarabacoa, donde fue intervenido un complejo de nueve edificaciones ubicado en las proximidades del río Yaque del Norte. Seis estructuras se encuentran en la parte frontal del proyecto, algunas prácticamente sobre la ribera, mientras las tres restantes están situadas a unos 21.3 metros del cauce, dentro de la franja legal de protección de 30 metros.
El operativo estuvo encabezado por la Dirección de Fiscalización Ambiental, con el acompañamiento del Servicio Nacional de Protección Ambiental, el Ejército y la Policía Nacional.
Tras conversaciones con los representantes legales del propietario, las partes acordaron que cinco edificaciones pasarán en decomiso al Ministerio. Entre ellas figura una estructura principal de dos niveles y ocho habitaciones, proyectada para uso hotelero, además de una construcción anexa, dos gazebos y otra edificación complementaria.
Una vez formalizada la entrega, las autoridades evaluarán si las infraestructuras pueden utilizarse en iniciativas comunitarias o ecoturísticas. Mientras tanto, quedaron prohibidas las nuevas construcciones, ampliaciones y modificaciones dentro del complejo.
El proyecto ya había sido objeto de inspecciones, órdenes de paralización y una sanción administrativa de RD$138,600. Medio Ambiente aclaró que pagar esa multa no representaba una autorización para continuar los trabajos ni corregía las infracciones detectadas.
Durante la jornada no se realizaron demoliciones. La institución explicó que antes de ejecutar una medida de esa naturaleza debe garantizarse que escombros, lodos, varillas u otros materiales no terminen dentro del Yaque del Norte, provocando un daño aún mayor.
La ofensiva ambiental también alcanzó las proximidades del río Maimón, en Juan Adrián, Monseñor Nouel. Allí fueron intervenidas dos edificaciones que, conforme a las inspecciones oficiales, penetraban parcialmente la franja de protección.
Uno de los propietarios, Nelson Batista Ángeles, cuestionó el procedimiento y aseguró que había invertido más de RD$10 millones en su villa. Sostuvo, además, que contaba con permisos para realizar trabajos en el terreno.
Medio Ambiente ofreció una versión distinta. Según el expediente, la autorización otorgada únicamente permitía limpiar y nivelar el área, no construir una edificación de dos niveles. La institución también aseguró que existían paralizaciones previas y que los trabajos continuaron pese a las advertencias.
La Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo respaldó las intervenciones, aunque reclamó que la ley sea aplicada con el mismo rigor en todo el territorio, sin privilegios ni selectividad.
El ministro Paíno Henríquez resumió la posición oficial con una advertencia contundente: habrá “tolerancia cero” frente a cualquier ilícito que amenace los recursos naturales, sin importar quién sea el responsable.
La verdad es que la señal resulta difícil de ignorar: construir a la orilla de un río ya no será visto como una simple irregularidad administrativa. El desafío ahora será demostrar que esa firmeza se mantendrá frente a todos, grandes o pequeños, con la misma vara.
