El fraude en Senasa se ha convertido en uno de los golpes más duros contra el sistema público de salud y, según el Ministerio Público, en el caso “más grande, siniestro y cruel” descubierto en República Dominicana. Así lo afirmó Wilson Camacho, director de Persecución, al advertir que esta trama afectó directamente a más de ocho millones de personas, sobre todo a quienes dependen del servicio para sobrevivir.
Las declaraciones fueron ofrecidas durante el primer Congreso de Lucha contra la Corrupción, donde Camacho señaló que espera ver a todos los responsables rindiendo cuentas ante la justicia. La investigación forma parte de la llamada Operación Cobra, aún en desarrollo, y que podría sumar nuevos implicados en los próximos días.
Una red que operó desde dentro
El Ministerio Público sostiene que el fraude en Senasa fue encabezado por el exdirector de la institución, Santiago Hazim, junto a funcionarios, médicos y suplidores. La solicitud de coerción incluye prisión preventiva por 18 meses para Hazim y otros exfuncionarios: Gustavo Messina, Germán Robles, Francisco Minaya y Rafael Luis Martínez Hazim.
La medida también alcanza a los proveedores Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera y Heidi Mariel Pineda. Todos están acusados de un entramado que supera los 15 mil millones de pesos, cifra que podría aumentar.
Los delitos imputados abarcan asociación de malhechores, soborno, prevaricación, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
Operación Cobra: el esquema revelado
Según la investigación, la red ejecutó un plan de sobrefacturación que alteró de manera criminal la facturación al Seguro Nacional de Salud. Se aumentaron sesiones de quimioterapia y radioterapia sin justificación médica, se colocaron stents innecesarios y se reportaron cirugías por lesiones inexistentes.
También se registraron endoscopías y colonoscopías que nunca fueron realizadas, y se facturaron servicios de hemodiálisis a personas fallecidas. Técnicos internos habían advertido sobre irregularidades contables, pero las alertas fueron ignoradas.
Parte de los fondos desviados se movió hacia bienes y propiedades a nombre de testaferros, mientras empleados de menor rango eran presionados a ejecutar órdenes ilegales. El Ministerio Público afirma que hubo intentos de entorpecer la investigación mediante ocultamiento de documentos y alteración de sistemas.
La justicia decidirá ahora las medidas de coerción, mientras millones de dominicanos esperan respuestas y sanciones ejemplares.
