Hace 50 años, el 11 de septiembre, Chile fue testigo de un violento golpe de Estado que puso fin a una de las democracias más estables de América Latina y marcó el inicio de una brutal dictadura de 17 años.
Salvador Allende, el presidente socialista de Chile, había impulsado una agenda ambiciosa que incluía la nacionalización de la industria del cobre, la redistribución de tierras y el control estatal de industrias estratégicas y bancos.
Con la economía fuera de control y la creciente polarización política generando violencia, empresarios, políticos conservadores y ciertos grupos presionaron a los militares para intervenir. La conspiración civil y militar para derrocar al gobierno de Allende, con la ayuda del financiamiento y operaciones encubiertas de la CIA para desestabilizar el país, culminó en un sangriento golpe de Estado.
Décadas después, la izquierda y la derecha aún se culpan mutuamente por la caída de la democracia. Algunos líderes de la derecha se niegan a suscribir compromisos con la democracia y rechazan eventos conmemorativos del aniversario.
El 11 de septiembre de 1973, Allende se negó a abandonar el palacio presidencial, desafiando las amenazas de bombardeo de la fuerza aérea. Las fuerzas armadas y la policía ya habían tomado el control de Santiago, mientras la marina lideraba el golpe en Valparaíso y la fuerza aérea atacaba estaciones de radio de izquierda en Santiago.
El Palacio de La Moneda fue bombardeado, y el fuego se extendió rápidamente. Allende permaneció con sus colaboradores, pero finalmente se rindió. Algunos miembros de su gabinete fueron arrestados. Allende obtuvo una breve tregua para permitir la salida de algunas personas. Finalmente, Allende se quitó la vida.
Durante casi 17 años, Augusto Pinochet mantuvo un control absoluto como líder de facto de Chile. Las violaciones a los derechos humanos fueron generalizadas, con más de 2000 personas muertas bajo tortura, ejecutadas o desaparecidas.
Aunque no se ha demostrado participación directa de Estados Unidos en el golpe, documentos desclasificados muestran cómo el gobierno de Nixon buscó crear un clima golpista y presionó para evitar que Allende asumiera el cargo.
Pinochet se unió a la conspiración dos días antes del golpe y lideró una junta militar que se autodenominó «Gobierno de la Unidad Popular». Pinochet, quien se había mantenido neutral en política, asumió un poder absoluto.
Se estableció una constitución autoritaria en 1980 que mantuvo a Pinochet en el poder durante años. Actualmente, se trabaja en una nueva Constitución para reemplazarla.
El régimen de Pinochet forzó al exilio a cientos de miles y ejecutó el infame Plan Cóndor, que coordinó operaciones de inteligencia en toda América Latina. La represión continuó hasta el fin del régimen.
Aunque Pinochet enfrentó acusaciones de crímenes contra los derechos humanos, nunca fue condenado. Unos 270 oficiales militares y agentes cumplen condenas por delitos similares.
