La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, volvió a decirlo este martes. Con voz firme. Sin titubeos. Habrá nuevas imputaciones en el escandaloso caso del presunto fraude millonario en el Seguro Nacional de Salud (Senasa). Y, sin embargo, la pregunta vuelve a surgir casi de inmediato: ¿cuándo y contra quiénes exactamente?
“El Ministerio Público lo anunció y lo reitera”, afirmó Reynoso ante la prensa, durante la inauguración de la oficina de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas. Además, lanzó una frase que no pasó desapercibida: quienes sostienen lo contrario, dijo, “que cambien sus fuentes porque son muy malas”.
La verdad es que el mensaje fue directo, casi cortante. Pero aun así, dejó más espacio para la incredulidad que para las certezas. Porque mientras se habla de nuevas imputaciones, el expediente sigue siendo el mismo y los nombres, por ahora, no cambian.
Actualmente, siete personas guardan prisión preventiva por este caso, entre ellas el exdirector de Senasa, Santiago Hazim, señalado por el Ministerio Público como el presunto cabecilla de una red que habría estafado al Estado por más de 15,000 millones de pesos en un período de cinco años. Una cifra que abruma, que pesa, que cuesta incluso imaginar.
Junto a Hazim están recluidos Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera. Mientras tanto, otros imputados cumplen prisión domiciliaria, entre ellos Cinty Acosta, Heidy Mariela Medina y el empresario Eduardo Read Estrella.
Y es que, pese a la gravedad de las acusaciones y al tiempo transcurrido, el proceso avanza a paso lento. El pasado 20 de enero, la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional decidió aplazar para el 3 de febrero el conocimiento del recurso de apelación presentado por los imputados. Otro compás de espera. Otro paréntesis.
Así que sí, el Ministerio Público insiste. Reitera. Subraya. Pero en la calle, en los pasillos judiciales y en la opinión pública, la sensación es otra: muchas palabras, pocas novedades concretas. Y es que, cuando se habla de uno de los mayores fraudes al sistema de salud del país, la gente espera algo más que promesas reiteradas. Espera hechos. Espera nombres nuevos. Espera respuestas claras.
