Mirna Ortiz, directora de la Pepca , caso senasa 2.0Jorge Luis Martinez
La investigación apunta a cobros por servicios médicos que, según la acusación, no se realizaron. El perjuicio preliminar se estima en RD$40 millones.
El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva para 25 personas arrestadas en la Operación Senasa 2.0-A, entre ellas exempleados del Seguro Nacional de Salud (Senasa), médicos y particulares. La solicitud fue depositada ante el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, junto con una petición para que el caso sea declarado complejo.
Según el órgano acusador, los imputados integraban una presunta estructura que facturaba a Senasa consultas, cirugías y otros procedimientos médicos que no se habrían realizado. El expediente de medida de coerción tiene 525 páginas y fue presentado por Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, y Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Ortiz explicó que esta es la tercera fase de la investigación. De acuerdo con la procuradora, los cobros investigados habrían afectado tanto los fondos de Senasa como la cobertura disponible para los afiliados cuyos seguros fueron utilizados.
La pesquisa comenzó tras una denuncia presentada por Senasa el 28 de noviembre de 2024 sobre presuntas irregularidades en autorizaciones de servicios médicos. El Ministerio Público sostiene que, entre enero de 2021 y septiembre de 2024, se utilizaron distintos números telefónicos para gestionar aprobaciones a través del centro de llamadas de la aseguradora. Según la investigación, los afiliados no reconocieron esas autorizaciones.
El perjuicio económico calculado hasta ahora es de RD$40 millones. Ortiz indicó que el expediente presentado incluye a personas físicas y que las pesquisas podrían extenderse a personas jurídicas y a otras líneas de investigación.
Los 25 imputados permanecen en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a la espera de que el tribunal conozca la solicitud de medida de coerción.
