La verdad es que ya se está convirtiendo en un ritual: casi todos los años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lanza críticas que, más que recomendaciones, parecen ataques. Y es que muchos sienten que ignoran por completo la soberanía del Estado dominicano para decidir su política migratoria.
Este jueves, la Cancillería dominicana respondió con firmeza a lo que calificó como una nueva afrenta de la CIDH. En su comunicado, destacó que las medidas adoptadas por el gobierno “responden a la necesidad legítima de gestionar de manera ordenada un flujo migratorio extraordinario, para evitar el impacto negativo sobre la cohesión social y los servicios públicos”. En otras palabras: ningún país puede asumir solo la carga de proteger o dar servicios a la población de otro Estado colapsado, en referencia a la situación crítica en Haití, con hambre, violencia y migración masiva hacia territorio dominicano.
La polémica no es nueva. La CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han mostrado, según críticos locales, una parcialidad que desconoce los esfuerzos de la República Dominicana por proteger sus fronteras y mantener el orden interno. Además, existen voces internas que critican a quienes, desde dentro, parecen respaldar esas presiones externas.
Desde nuestro medio lo hemos dicho antes y lo repetimos: solidaridad con quienes huyen de la miseria y la inestabilidad en cualquier país del mundo, sí. Pero también respeto a las fronteras y al derecho soberano de cada nación. La inmensa mayoría del pueblo dominicano comparte este sentimiento, cuestionando lo que perciben como denuncias que no reflejan la realidad del día a día en la isla.
En resumen, otra vez la CIDH pone sobre la mesa su mirada crítica. Y otra vez, República Dominicana reafirma que el derecho a decidir sobre su propio destino no se negocia.
