La explotación de los recursos forestales con fines comerciales ha sido históricamente un tema controvertido en el ámbito ambiental. Sin embargo, como señala el ingeniero agrónomo José Mercedes, la clave no está en rechazar su uso, sino en regularlo y fomentarlo en las áreas adecuadas. En República Dominicana, la falta de un plan agroforestal bien diseñado y la escasez de tierras estatales para la reforestación representan grandes desafíos que deben ser abordados con urgencia.
El país importa casi el 100% de la madera que utiliza, principalmente desde Chile. Esto no solo supone un gasto significativo, sino que también evidencia una contradicción: en nuestras propias tierras podríamos cultivar especies como el pino caribe en la mitad del tiempo que toma en Sudamérica, generando empleo y evitando la migración rural. Sin embargo, los esfuerzos gubernamentales han sido insuficientes y la inversión privada no ha sido estimulada lo suficiente.
Uno de los mayores problemas es que las tierras que deberían estar destinadas a la reforestación no están realmente disponibles. Muchas de ellas, aunque figuren como estatales, están ocupadas o en manos de privados que no tienen incentivos para dedicarlas a la producción forestal. Por ello, el Estado debe fomentar la industria forestal a través de alianzas con el sector privado, ofreciendo garantías y políticas claras que permitan la explotación sostenible de los recursos.
La historia nos muestra que las decisiones políticas han sido determinantes en la situación actual de los bosques dominicanos. Desde la época colonial hasta la dictadura de Trujillo y los gobiernos posteriores, el manejo de los recursos forestales ha oscilado entre la sobreexplotación y la prohibición, sin un enfoque de sostenibilidad a largo plazo. La prohibición de la tala en los años 80, aunque bien intencionada, provocó un efecto adverso: la quema indiscriminada de bosques como forma de protesta y el auge del tráfico ilegal de madera.
Si queremos revertir la degradación de nuestros recursos naturales, es necesario diseñar sistemas agroforestales adecuados a la realidad dominicana. No se trata solo de plantar árboles, sino de integrar la producción de alimentos con la reforestación, asegurando que los agricultores puedan beneficiarse económicamente mientras contribuyen a la conservación del medio ambiente.
El Estado tiene la responsabilidad de liderar este proceso, pero sin el compromiso del sector privado y la ciudadanía, cualquier iniciativa será insuficiente. Es momento de abandonar la visión de que el desarrollo y la conservación son conceptos opuestos. Una industria forestal bien gestionada no solo garantizaría la preservación de los bosques, sino que también se convertiría en un motor de desarrollo sostenible para el país.
Con Información de Listín Diario
