Los juristas Valentín Medrano y Carlos Balcácer cuestionan las muertes de ciudadanos durante supuestos intercambios de disparos y exigen investigaciones para determinar posibles responsabilidades.
SANTO DOMINGO, RD. – Los abogados Valentín Medrano y Carlos Balcácer informaron este miércoles sobre la presentación de una querella contra el director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, por presuntas irregularidades relacionadas con muertes de civiles durante operaciones policiales reportadas como intercambios de disparos.
Los juristas sostienen que algunos de estos fallecimientos podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, por lo que consideran necesario que el Ministerio Público investigue las circunstancias de cada caso y determine si existieron actuaciones contrarias a la ley.
Durante un encuentro con representantes de los medios de comunicación, Medrano expresó su preocupación por lo que considera una posible aplicación de la pena de muerte al margen de los tribunales.
El abogado insistió en que su reclamo no busca proteger a personas vinculadas con actividades delictivas, sino defender el derecho a la vida y garantizar que todo ciudadano sea sometido a los procedimientos establecidos por la legislación dominicana.
Cuestionan procedimientos utilizados por la Policía
Por su parte, Carlos Balcácer explicó que un grupo de profesionales del derecho había depositado una denuncia ante la Procuraduría General de la República el pasado 12 de octubre, sin que, según afirmó, recibieran una respuesta de las autoridades.
El jurista cuestionó el manejo de las evidencias en determinados casos de supuestos enfrentamientos armados, especialmente la recolección de armas de fuego, la preservación de las escenas y el cumplimiento de la cadena de custodia.
También denunció presuntas irregularidades en las actuaciones de agentes policiales y representantes del Ministerio Público durante el levantamiento de cadáveres y la documentación de los hechos.
Balcácer entiende que estas situaciones deben investigarse para establecer si las muertes ocurrieron realmente durante enfrentamientos armados o bajo circunstancias diferentes a las versiones ofrecidas inicialmente.
Exigen investigaciones y respeto al derecho a la vida
Los abogados aseguraron que la iniciativa cuenta con el respaldo de otros profesionales del derecho y que han mantenido contacto con familiares de personas fallecidas durante intervenciones policiales.
Su principal exigencia es que las autoridades investiguen cada caso, examinen las evidencias disponibles y establezcan las responsabilidades correspondientes si se comprueba alguna actuación ilegal.
La presentación de la querella no implica que las acusaciones hayan sido probadas ni establece responsabilidad penal del director policial. Corresponderá a las autoridades competentes investigar los señalamientos y determinar si existen elementos que sustenten las denuncias.
Hasta el momento de la información consultada, no se había identificado una respuesta pública de la Dirección General de la Policía Nacional a esta querella.
El caso abre un nuevo capítulo en el debate nacional sobre los procedimientos utilizados por los organismos de seguridad, el respeto a los derechos fundamentales y la necesidad de garantizar investigaciones transparentes cuando se producen muertes durante actuaciones policiales.
