Un terremoto legal ha sacudido a los productores de la película «Asalto en Progreso», dejando en su estela una estela de incertidumbre y tensión. La Aldea Films, encargada de llevar a la pantalla grande el dramático asalto a la sucursal del Banco del Progreso en 1993, se encuentra ahora en el epicentro de una disputa legal que amenaza con paralizar su proyecto.
Francisco Disla, conocido como «El Indio», junto con Anna Iris Gómez y Josell Hernández, han sido notificados de manera contundente por Michael Toribio Corniel y su abogado, Cirilo de Jesús Guzmán. La orden es clara: detener toda actividad relacionada con la película, bajo la amenaza de enfrentar graves consecuencias legales.
La intimación, entregada mediante los actos de alguacil número 64 y 65 el 4 de Marzo de 2023, establece un ultimátum para los productores. Se les exige abstenerse de utilizar, vender, comercializar, transmitir, obsequiar, divulgar, promocionar, realizar premieres o proyectar la película, así como cualquier marca o derecho registrado que pertenezca a Michael Toribio Corniel.
Los detalles de los derechos reclamados por Toribio Corniel son impactantes. Además de la notificación sobre el registro de la Marca Mixta número 232593 en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), se revela el control sobre el guion registrado bajo los números 0007059 y 000945 en la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA). Pero lo que realmente ha dejado boquiabiertos a los involucrados es la cesión de derechos patrimoniales obtenida por Toribio Corniel del reconocido periodista Huchy Lora, autor de la obra «Fuga o Muerte».
Este no es el primer aviso para los productores de «Asalto en Progreso». Una intimación previa, fechada el 15 de diciembre de 2022, ya les había advertido sobre los derechos registrados de Toribio Corniel. Sin embargo, parece que la gravedad de la situación no fue comprendida hasta ahora, cuando las acciones legales amenazan con detener por completo la producción.
La lista de entidades afectadas por esta disputa legal es extensa e influyente. El periódico «El Nuevo Diario», las cadenas de cines «Palacio del Cine» y «Caribbean Cinemas», e incluso la Dirección General de Cine (DGCINE), se ven involucrados en este complejo entramado legal que amenaza con desestabilizar la industria cinematográfica dominicana.
Lo que resulta aún más sorprendente es la magnitud de los derechos reclamados por Toribio Corniel. No se trata solo de los aspectos literarios y de propiedad intelectual de la obra de Lora, sino que incluso se extiende a la iconografía del asalto, incluyendo la reclamación de la careta con sus colores originales utilizada en el infame suceso del 1 de Marzo de 1993, que conmocionó a toda la nación dominicana.
El futuro de «Asalto en Progreso» pende de un hilo mientras los productores luchan por encontrar una solución a este desafío legal sin precedentes. Mientras tanto, el público queda a la espera, preguntándose si alguna vez podrán ver en la pantalla grande la dramática historia que promete sacudir las conciencias y recordar uno de los momentos más oscuros de la historia reciente de la República Dominicana.
Información de elCaribe fue utilizada en esta nota.
