Los operativos migratorios en hospitales públicos de República Dominicana han puesto de relieve una pregunta incómoda: ¿y el operativo interno, para cuándo? A fuerza de perseguir a inmigrantes indocumentados, muchos dominicanos se preguntan cuándo se revisarán las propias oficinas de Migración o Salud. Mientras la policía y Migración vigilan a los más vulnerables en maternidades y salas de emergencia, crece la percepción de que las autoridades dominicanas se olvidan de sus propios descuidos y excesos.
Hospitales públicos bajo la lupa migratoria
El gobierno insiste en que los operativos responden a la ley, especialmente frente a la llegada de migrantes haitianos sin documentos. La Dirección General de Migración reporta que el protocolo se ha desplegado en unos 30 hospitales públicos, pero eso no calma las dudas sobre su efectividad ni su humanidad. Varios médicos y enfermeras critican el método aplicado. Algunos pacientes señalan que resulta “inhumano” ser detenido o interrogado mientras se atiende una emergencia. Familias con hijos enfermos han evitado buscar auxilio en centros médicos por temor a un control migratorio excesivo.
En las últimas semanas, Migración confirmó haber detenido muy pocos indocumentados por baja presencia en los centros asistenciales, pero la pregunta persiste. Se han invertido recursos en redadas que, según críticos, son más publicitarias que efectivas. Mientras tanto, varias denuncias internas por corrupción o negligencia permanecen archivadas y en la sombra. Las instituciones carecen de auditorías constantes: las propias autoridades dominicanas parecen no someterse al mismo escrutinio que aplican a los demás.
¿Quién vigila a los vigilantes?
La pregunta de fondo es inevitable: ¿quién vigila a los vigilantes? Nadie parece ocuparse de revisar los tratos internos en nuestros organismos de control. Hay reportes aislados de funcionarios que desvían fondos o favorecen a familiares, pero casi nunca se les exige cuentas. Por ejemplo, se asignan millonarios contratos para la alimentación de migrantes detenidos o para el mantenimiento de hospitales sin explicaciones claras. ¿Por qué no hay investigaciones internas sobre esos gastos?
En cambio, la exigencia de un operativo interno es un clamor social por transparencia. Sería un contra-operativo que aplicara la misma lupa a Migración y Salud que se aplica a los migrantes. Procesos disciplinarios, auditorías públicas y sanciones reales deberían ser la norma, no la excepción. En otras palabras, debe haber la misma presión para limpiar la casa desde dentro que se ejerce para limpiar la calle de migrantes indocumentados. Mientras eso no ocurra, las buenas intenciones de la política migratoria pierden fuerza ante la evidente doble moral.
En definitiva, detener indocumentados en hospitales puede ser legal, pero deportar sin control a los vulnerables resulta contradictorio si no aplicamos la ley en casa. La frustración crece porque no podemos culpar a los más débiles mientras los poderosos quedan al margen. Hacer un operativo interno no es un juego de palabras; es una necesidad urgente. Solo así la pregunta repetida ‘¿para cuándo?’ dejará de ser retórica y podrá convertirse en una medida real de justicia y transparencia.
Con Informacion de Diario Libre
