La popularización de esta expresión en República Dominicana refleja el temor y el hartazgo frente a la delincuencia, pero también abre un debate sobre el uso de la fuerza policial, la impunidad y la pérdida de confianza en las instituciones.
SANTO DOMINGO, República Dominicana. — La expresión “puesto en 29”, utilizada popularmente para referirse a una persona que muere durante una intervención policial, ha cobrado notoriedad en medio del debate sobre la seguridad ciudadana. Su uso plantea una interrogante que trasciende las actuaciones de la Policía Nacional: ¿por qué una parte de la sociedad parece encontrar más satisfacción en la muerte de un sospechoso que en su sometimiento a la justicia?
El temor a la delincuencia es real. Familias preocupadas por su seguridad, trabajadores víctimas de asaltos y ciudadanos que reclaman respuestas encuentran en determinadas actuaciones policiales una sensación de alivio.
Sin embargo, comprender ese sentimiento no significa justificar cualquier uso de la fuerza.
Más de 53 mil órdenes de arresto pendientes
El problema también alcanza al sistema judicial.
En octubre de 2026, la Policía Nacional informó que mantenía 53,877 órdenes de arresto pendientes, correspondientes a 50,865 personas, debido a que algunos requeridos acumulan varias órdenes.
La institución también atribuyó múltiples registros policiales al hombre detenido por el asalto al actor dominicano Kenny Grullón.
Aunque los antecedentes no equivalen a condenas, ambos casos plantean preguntas sobre la ejecución de órdenes judiciales, la persecución del delito y los mecanismos para prevenir la reincidencia.
Las cárceles también forman parte del problema
La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales informó en octubre sobre el decomiso de teléfonos celulares y artículos prohibidos a cinco internos del centro penitenciario Las Parras.
El hallazgo vuelve a colocar bajo examen los controles carcelarios y la responsabilidad de impedir que desde las prisiones se organicen actividades ilícitas.
Las experiencias internacionales muestran distintos enfoques. El Salvador ha reportado una importante reducción de la violencia de las pandillas, aunque su régimen de excepción ha recibido denuncias de graves violaciones de derechos humanos.
En Brasil, el método APAC promueve disciplina, trabajo, educación y reinserción social como componentes del cumplimiento de las penas.
¿Cuándo una intervención policial se convierte en ejecución extrajudicial?
Una distinción resulta fundamental: no toda muerte durante una intervención policial constituye una ejecución extrajudicial.
Los agentes pueden emplear fuerza letal cuando sea estrictamente necesaria para proteger vidas ante una amenaza inminente. Pero toda muerte debe ser examinada conforme a la ley, sin presumir automáticamente que existió un enfrentamiento legítimo.
El artículo 37 de la Constitución dominicana prohíbe expresamente la pena de muerte. Ningún prontuario policial sustituye una sentencia judicial.
La confianza ciudadana, el verdadero desafío
El debate también alcanza a comunidades como San José de las Matas, donde la seguridad ciudadana exige cooperación entre autoridades, justicia y población.
Combatir la delincuencia requiere policías preparados, investigaciones eficaces, tribunales que respondan oportunamente y centros penitenciarios capaces de cumplir su función.
La expresión “puesto en 29” deja entonces una reflexión inevitable: cuando la muerte de un sospechoso se recibe como una victoria, la sociedad podría estar expresando algo más profundo que el rechazo al crimen: su desconfianza en la capacidad del Estado para hacer justicia.
La verdadera victoria contra la delincuencia no consiste en celebrar muertes, sino en garantizar que quienes cometen delitos respondan ante la justicia y que los ciudadanos puedan vivir sin miedo.
