Santo Domingo.— Todo comenzó, según el expediente, con una conversación. Una de esas que, en apariencia, pasan desapercibidas… pero que terminan marcando el rumbo de una investigación completa.
El Ministerio Público asegura que no fue un hecho aislado. Fue un proceso. Un seguimiento meticuloso. Casi paciente.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, el fiscal Aurelio Valdez Alcántara habría solicitado dinero a cambio de influir en un proceso judicial. La cifra inicial, según el documento, era alta: 200 mil dólares. Luego bajó a 150 mil. Pero no solo era dinero. También, supuestamente, mostró interés en artículos de lujo: un reloj Rolex y un vehículo Mercedes Benz, descartando opciones más económicas sin titubear.
La verdad es que, más allá de los montos, lo que llama la atención es la dinámica. El expediente describe una relación de presión constante. Llamadas. Mensajes. Fechas límite. Como si el tiempo también jugara un papel en la negociación.
Una de esas fechas clave fue el 24 de marzo.
Pero antes de eso, el 13 de marzo, ocurrió un encuentro que marcaría el inicio del seguimiento. Fue en una plaza comercial. Allí, según la acusación, Valdez Alcántara habría planteado de manera directa la posibilidad de “alterar el proceso” a cambio de un beneficio económico.
A partir de ahí, la investigación tomó forma.
El Ministerio Público no se limitó a observar. Organizó un operativo. Un equipo completo: agentes policiales, un mayor a cargo de operaciones y un fiscal acompañante. La misión era clara: documentar una entrega de dinero bajo vigilancia.
El 27 de marzo, todo se movió rápido.
La reunión fue coordinada en el parqueo del cuarto nivel de Bella Vista Mall. Un lugar común. Tránsito constante. Gente entrando y saliendo. Tal vez, precisamente por eso.
Los investigadores ya estaban ahí.
Desde la distancia, observaron el momento clave: el testigo, Roberto Canaán, subiendo al vehículo del fiscal. Cinco minutos. No más. Tiempo suficiente. Luego, la salida.
Y entonces… el seguimiento.
El vehículo, un Honda CRV color crema, avanzó hasta ser interceptado en la calle Pedro Antonio Bobea. No hubo escena dramática. Más bien, un procedimiento. Controlado. Preciso.
Pero lo que vino después fue determinante.
Ya en la Procuraduría, durante la inspección del vehículo, los agentes encontraron el dinero. No estaba a simple vista. Estaba oculto, en el área del sunroof. Cien billetes de cien dólares. Diez mil en total.
Ese detalle —el lugar donde estaba el dinero— parece decir tanto como el monto mismo.
Además, en el vehículo se hallaron otros objetos: un arma de fuego, una tableta institucional, documentos personales. Elementos que ahora forman parte del expediente y del análisis judicial.
El caso, sin embargo, va más allá de un operativo puntual.
Porque lo que está en juego no es solo la conducta de un funcionario… sino la confianza en un sistema que, en teoría, está diseñado para impartir justicia.
Y es que cuando una investigación apunta hacia dentro, hacia quienes deben garantizar la ley… el impacto no es solo legal. También es institucional.
Ahora, el proceso sigue su curso.
Con pruebas sobre la mesa.
Con preguntas aún abiertas.
Y con una sociedad que observa… esperando respuestas.
