Los protocolos de deportación no incluyen maltrato infantil
Dionisio Soldevila
El Gobierno de la República Dominicana ha decidido que no quiere inmigrantes irregulares en su territorio y, como país soberano, tiene todo el derecho del mundo a hacer cumplir sus leyes, siempre que se respeten los derechos humanos de los indocumentados.La Dirección General de Migración es la institución encargada de ejecutar esas políticas, en conjunto con instituciones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Hasta ahí, todo está bien, aun cuando durante estos procesos han ocurrido casos criticables, como las deportaciones desde los hospitales… pero ya ese es otro tema.
Sin embargo, la semana pasada, el alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, se vistió de abusador para agredir a un grupo de niños, presuntamente haitianos, a quienes personalmente retiró a la fuerza del parque del pueblo e incluso les fabricó un expediente de violación sexual.
Quizás el alcalde no lo sabe, pero su actitud viola múltiples leyes de la República Dominicana y expone al país internacionalmente porque estaba tratando con menores de edad.
El Consejo Nacional de la Niñez, en un comunicado tímido en el que ni siquiera se atrevió a mencionar al hombre del sombrero, catalogó de arbitraria e irregular la actitud de Riverón, pero no hizo referencia a las acciones que va a tomar contra el individuo que violó la ley 136-03, el Código del Menor.
El orden que queremos imponer es correcto, pero no debe ser selectivo. No se arma un edificio que se sostenga con una zapata dañada.
Los procesos de deportación tienen protocolos claramente establecidos, mucho más cuando se involucra a menores de edad.
Y cada uno de ellos debe ejercerse desde el punto de vista legal, no desde los prejuicios de un individuo que se quiera envestir como juez, jurado y ejecutor.
La República Dominicana lo que necesita es orden para poner las cosas a funcionar, no aplicar abusos injustificables.
Fuente Diario Libre
