Una institucionalidad y un liderazgo democráticos, acordes con los principios sobre los cuales se han levantado las sociedades modernas y democráticas, exigen una cultura y un psiquismo colectivo distintos a la mentalidad y cultura autoritaria a las que se le asocia el liderazgo caudillista.
Esas mentalidades contrapuestas, los “bárbaros” y los “civilistas”, se manifiestan en la concepción que hay detrás de la formulación que se ha hecho del Código Penal donde se tipifican los crímenes y delitos que violentan las leyes y su respectiva escala de sanciones para reprimir la propensión de los individuos a cometer delitos y violaciones criminales.
De esa manera, en el nuevo Código Penal que aprobara el Senado, se introdujeron modificaciones a varios artículos que revelan el predominio de una concepción social atrasada que se inscribe en la cultura y mentalidad tradicionales incongruentes con el avance que refleja la Constitución del 2010 y de la democracia dominicana.
Esos artículos aprobados por el Senado tienden un manto de impunidad o, de discriminación y de privilegios frente a los delitos que provienen de los miembros de la Iglesia, sobre todo en materia de violaciones sexuales, hoy día moralmente sancionadas por el papa Francisco, así como frente a los crímenes y violaciones cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas, a los cuales se le juzgaría en tribunales militares y no civiles.
Asimismo, las disposiciones penales que había que aplicarles a los familiares que violentan a los niños, niñas y adolescentes, quedan en gran medida protegidos frente a los delitos de la violencia intrafamiliar, lo cual choca y contradice con las leyes que protegen a niños, niñas y adolescentes.
Esas y otras aberraciones de ese tipo están pensadas como si todavía la sostenibilidad del régimen político no dependiera de la legitimidad democrática que impone la libre expresión de la voluntad popular, sino que por el contrario se parte de la vieja creencia de que la estabilidad del régimen político descansa en el poder fáctico de la fuerza militar, de la cúpula empresarial y de la élite religiosa, así como de la injerencia del poder fáctico extranjero.
Por esas razones y en esos dispositivos del nuevo Código, se conserva la vieja concepción antidemocrática que ha predominado en los regímenes políticos autoritarios y caudillistas que se han reproducido a la largo de la historia política dominicana.
Ojalá, pues, que a nivel de la Cámara de Diputados esos vestigios de la vieja sociedad no democrática puedan ser superados con la modificación de todos aquellos artículos que responden a la vieja cultura autoritaria y al viejo liderazgo caudillista. El Código Penal debe responder a las necesidades institucionales de la nueva sociedad democrática y “civilizada” en construcción.
Por último, queda también la oportunidad de que el presidente Abinader, un político civilista y democrático, use su facultad de observar la ley del Código Penal de salir del Congreso con esas significativas desviaciones.
Urge la Ley del Código Penal, como urge la superación de la sociedad autoritaria tradicional por una de factura democrática y civilizada.
Fuente: La Información
