A veces, las decisiones políticas no solo cambian leyes… también cambian caminos.
El presidente Luis Abinader promulgó el pasado 26 de marzo una nueva legislación que elimina, en la práctica, las candidaturas independientes en la República Dominicana.
Y lo hizo en un contexto que ya venía cargado de tensión jurídica.
Porque apenas unos meses antes, en diciembre de 2024, el Tribunal Constitucional había dicho algo distinto. Muy distinto.
En su sentencia TC/0788/2024, la alta corte declaró inconstitucionales varios artículos de la Ley 20-23 del Régimen Electoral. ¿La razón? Limitaban el derecho de los ciudadanos a participar en política sin necesidad de pertenecer a un partido.
La recomendación era clara:
abrir la puerta.
Permitir que ciudadanos pudieran postularse a través de agrupaciones cívicas, sin tener que pasar obligatoriamente por una organización política tradicional.
Pero esa puerta… no solo no se abrió.
Se cerró.
La nueva ley, impulsada por el senador Rogelio Genao, elimina los artículos 156, 157 y 158 de la normativa anterior, que regulaban precisamente ese tipo de candidaturas.
Además, deja establecido que las postulaciones a cargos de elección popular quedan reservadas exclusivamente a partidos, agrupaciones y movimientos políticos.
Es decir… el sistema vuelve a concentrarse en los mismos actores.
Y es que, según Genao y las comisiones que estudiaron la propuesta, permitir candidaturas independientes podría generar “dificultades y contrariedades” en el sistema político dominicano.
La lógica es sencilla, aunque no exenta de polémica:
los partidos —dicen— son el eje del proceso democrático.
Pero la discusión no termina ahí.
Porque también está el argumento constitucional.
Según el propio documento legislativo, abrir espacio a candidaturas independientes requeriría una reforma a la Constitución, ya que el modelo actual reserva esa participación a los partidos políticos.
En otras palabras… no es solo un tema legal.
Es estructural.
La verdad es que esta decisión vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que no es nueva, pero sí cada vez más urgente:
¿Quién tiene derecho a competir por el poder?
Para algunos, esta ley ordena el sistema.
Para otros, lo limita.
Y mientras el debate crece, lo cierto es que, por ahora, el escenario electoral dominicano vuelve a un terreno conocido:
uno donde la política… sigue pasando, casi exclusivamente, por los partidos.
