El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos está a punto de finalizar un acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para compartir datos fiscales de inmigrantes indocumentados.Este convenio permitiría al ICE cruzar nombres y direcciones de sospechosos con los registros confidenciales del IRS, marcando un cambio significativo en la utilización del sistema fiscal para la aplicación de leyes migratorias.
Históricamente, el IRS ha protegido la información de los contribuyentes, alentando a los inmigrantes indocumentados a presentar declaraciones de impuestos utilizando Números de Identificación Personal del Contribuyente (ITINs). Este enfoque buscaba generar ingresos y fomentar el cumplimiento fiscal. Sin embargo, el nuevo acuerdo podría disuadir a estas personas de cumplir con sus obligaciones fiscales, afectando también a ciudadanos estadounidenses casados con inmigrantes indocumentados y facilitando al ICE la identificación de lugares de trabajo ilegales.
Además, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha anunciado recortes en tres oficinas encargadas de supervisar la protección de los derechos civiles: la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles, la Oficina del Defensor del Pueblo para la Detención de Inmigrantes y la Oficina del Defensor del Pueblo para los Servicios de Ciudadanía e Inmigración. Según una portavoz del DHS, estas oficinas han sido consideradas obstáculos burocráticos que dificultan la aplicación de las leyes migratorias.
Estas medidas han generado preocupación entre defensores de los derechos civiles y legisladores demócratas, quienes argumentan que la eliminación de estas oficinas reducirá la transparencia y la supervisión en las operaciones del DHS, afectando negativamente la rendición de cuentas en la implementación de políticas migratorias.
