Tras años de estancamiento, debate, rechazos y aplausos, el Congreso dominicano ha dado un paso clave: el Código Penal sin causales fue aprobado en única discusión por el Senado y ahora reposa en manos del Poder Ejecutivo. El presidente tiene cinco días para promulgarlo o devolverlo.
Pero aunque muchos celebran la reforma como un avance jurídico de época, la sombra de las causales ausentes sigue latente. Y con ella, las dudas sobre si esta versión del Código realmente representa una justicia moderna.
Avance jurídico, deuda ética
El nuevo Código incluye más de 60 nuevas figuras delictivas. Desde terrorismo y genocidio hasta acoso digital y feminicidio agravado. También contempla penas acumuladas de hasta 60 años de cárcel, castigos al “ácido del diablo”, y la responsabilidad penal de empresas. Es un marco legal más amplio, más duro, más técnico.
Pero, en su centro, ignora lo humano.
Las tres causales del aborto quedaron fuera. Otra vez. No importa si la mujer ha sido violada, si el embarazo pone en riesgo su vida, o si el feto es inviable: la ley no lo contempla. Y eso, para muchas voces sociales y políticas, es imperdonable.
“El Estado le ha fallado a las mujeres dominicanas”, dijo el exdiputado José Horacio Rodríguez, quien recordó que incluso si se promulga, el Código tiene un período de vacatio legis de un año. Tiempo en el que podrían llegar impugnaciones al Tribunal Constitucional, como ocurrió en el pasado.
¿Reforma o error reincidente?
El abogado penalista Cándido Simón lo dijo claro: el proyecto “es inconstitucional”. Argumenta que las penas máximas matan la racionalidad judicial y bloquean cualquier posibilidad real de reinserción social.
“La reincidencia como agravante es ilegal, condenar dos veces por lo mismo viola tratados internacionales”, expresó Simón en un comunicado. Para él, esta versión del Código es una mezcla de penas exageradas, términos difusos y omisiones que contradicen principios modernos del derecho penal.
Mientras tanto, la sociedad dominicana se polariza. La norma trae orden en muchos frentes, pero también deja fuera avances clave: no protege a la niñez del castigo físico, no incluye la orientación sexual como categoría protegida frente a la discriminación, y mantiene la prescripción de los delitos de corrupción.
El reloj corre
Luis Abinader tiene el balón. Si promulga, comienza la cuenta regresiva para un Código Penal que podría volver a ser impugnado. Si lo observa, abre la puerta a correcciones. Pero una cosa es segura: la aprobación de este Código Penal sin causales marca un antes y un después. No solo en la justicia, también en el debate social y moral del país.
