Una vista general muestra el Centro Kennedy en Washington, D.C., el 10 de enero de 2026. AFP
Washington.– El Kennedy Center, uno de los grandes símbolos culturales de Estados Unidos, quedó atrapado en una disputa donde se mezclan patrimonio, política y el nombre del presidente Donald Trump. Ahora, la batalla ha escalado hasta un escenario impensable: la posible demolición del histórico complejo artístico.
En un escrito presentado ante un tribunal, el Departamento de Justicia sostuvo que el edificio podría deteriorarse hasta volverse peligroso si se bloquea el plan de renovación promovido por el Gobierno. La advertencia apareció antes de una audiencia judicial prevista para este jueves, aunque el documento no revela la existencia de un proyecto concreto para derribar la estructura.
“Sin esos esfuerzos, el centro se deteriorará aún más hasta convertirse en una estructura insegura y ruinosa que habrá que derribar”, escribió el abogado gubernamental Brantley Mayers.
El planteamiento supone un nuevo giro en la amarga disputa por el futuro de una institución que el Congreso convirtió en 1964 en un monumento vivo en honor al presidente John F. Kennedy, asesinado un año antes. La legislación también impide que el edificio sea utilizado como memorial para otra persona.
Una renovación rodeada de polémica
El Gobierno pretende cerrar el recinto durante dos años para ejecutar una profunda restauración. Según sus abogados, Trump consiguió 258 millones de dólares del Congreso y atrajo una nueva base de donantes, por lo que reconocer su participación sería decisivo para sostener el respaldo financiero.
La junta directiva del Kennedy Center, integrada mayoritariamente por personas designadas por Trump, votó colocar en la fachada la inscripción: “Restaurado y Renovado por el Presidente Donald J. Trump”. También aprobó llamar al área circundante “Plaza Presidente Donald J. Trump”.
La congresista demócrata Joyce Beatty, miembro de oficio de la junta, acudió a los tribunales para frenar ambas decisiones. Su argumento es sencillo, pero de gran peso institucional: únicamente el Congreso tiene autoridad para cambiar el nombre o el carácter conmemorativo del centro.
Un juez federal ya había determinado que la junta actuó ilegalmente al agregar el nombre de Trump y ordenó retirarlo de la fachada. El Gobierno apeló y sostiene ahora que la nueva inscripción no pretende rebautizar la institución, sino reconocer al presidente por impulsar su restauración.
Entre la restauración y la presión política
El Departamento de Justicia describió el complejo como “estructuralmente defectuoso” y “fundamentalmente inseguro”, además de presentarlo como una vergüenza para la capital estadounidense.
Sin embargo, para sus críticos, vincular la supervivencia del Kennedy Center con la colocación del nombre presidencial convierte una discusión sobre reparaciones en una poderosa herramienta de presión política.
La verdad es que el debate ya no gira únicamente alrededor de filtraciones, elevadores o estructuras envejecidas. En el fondo, Estados Unidos discute quién puede dejar su nombre sobre uno de sus monumentos culturales más preciados y hasta dónde puede llegar un gobierno para conseguirlo.
