Es profundamente preocupante que en la República Dominicana, aún hoy, sectores de la clase periodística —precisamente quienes deberían defender el acceso a la información— reaccionen con molestia cuando se difunden documentos desclasificados o traducciones de archivos históricos.
No se trata de verdades absolutas. Nadie ha dicho que esos documentos traducidos sean palabra sagrada. Pero tampoco pueden ser descartados como mentiras. Son parte del registro histórico, reflejo de lo que alguna vez pensaron, escribieron o informaron organismos oficiales de otros países sobre los nuestros. Su valor no radica en confirmar una narrativa, sino en abrir espacio para la reflexión, el análisis y el contraste con otras fuentes.
Difundir documentos no es imponer una versión. Es ofrecer elementos. Es permitir que cada quien saque sus propias conclusiones. Si vamos a ser una sociedad democrática, madura y seria, debemos aprender a convivir con versiones distintas y documentos que incomoden.
Y sobre todo, debemos entender que los valores se fortalecen con el ejemplo. No con discursos vacíos, ni con poses momentáneas. Se fortalece el valor del trabajo honrado, de la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, del compromiso con el interés nacional por encima de las conveniencias personales.
Nuestra juventud necesita orientación, pero sobre todo necesita referentes. Ejemplos de integridad, de pensamiento crítico, de ciudadanos que no se acomodan a la marea, sino que se plantan con dignidad y criterio propio.
La historia no es propiedad privada. Y la verdad no necesita permisos. Lo que sí necesita, con urgencia, es que asumamos el deber de orientar con hechos, no con miedo. Porque un país que teme a su historia, teme también a su futuro.
Fuente: Listín Diario
