El dinamismo económico y la expansión del consumo en la República Dominicana han configurado una paradoja silenciosa: mientras los indicadores de crecimiento avanzan, también lo hace la generación de residuos sólidos a un ritmo que tensiona la capacidad del sistema para gestionarlos.
Un estudio de 2023 de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santo Domingo sitúa en torno a 650 kilogramos anuales la producción de basura por habitante, una cifra que ubica al país por encima de varios de la región.
Este volumen, traducido en millones de toneladas, encuentra como contraparte una infraestructura aún insuficiente. La existencia de cientos de vertederos, en su mayoría a cielo abierto, y la limitada presencia de instalaciones con controles adecuados, describen un modelo que arrastra rezagos estructurales. En ese escenario, la gestión de residuos no solo es un asunto ambiental, sino también sanitario, económico y territorial.
Durante más de una década, diversos sectores impulsaron un marco legal que ordenara el manejo de desechos y promoviera el aprovechamiento de materiales reciclables. La legislación aprobada en 2020 marcó un punto de partida, aunque dejó áreas sensibles sin resolver, entre ellas la reducción efectiva de plásticos de un solo uso y la creación de incentivos robustos para el reciclaje.
La modificación introducida posteriormente mediante la Ley 98-25 reorientó el debate. La incorporación de aditivos para declarar ciertos materiales como “biodegradables” ha generado cuestionamientos en ámbitos técnicos y ambientales, al considerar que no aborda el núcleo del problema: la disminución real de la generación de residuos y su adecuada valorización. Paralelamente, la contribución obligatoria impuesta a las empresas, calculada en función de sus ingresos, ha abierto una discusión sobre la proporcionalidad del esquema, al no vincularse directamente con la cantidad de desechos generados.
En respuesta, sectores productivos han planteado alternativas que integran variables como el tamaño de la empresa, su nivel operativo y su impacto ambiental efectivo.
También se ha sugerido la suspensión temporal de los cobros hasta alcanzar una reforma que articule consenso entre los actores involucrados. Mientras el Congreso examina nuevas propuestas, el desafío permanece: construir un sistema que armonice sostenibilidad ambiental y viabilidad económica. La persistencia de residuos en ríos, cañadas y costas revela que la problemática trasciende el ámbito normativo y alcanza la realidad cotidiana.
El manejo de los desechos se presenta así como una prueba de coherencia entre crecimiento y responsabilidad colectiva. En esa intersección, la capacidad de transformar residuos en oportunidad —y de reducir su origen— definirá no solo la salud de los ecosistemas, sino también la calidad del desarrollo que se proyecta hacia el futuro.
Fuente: La Información.
