La República Dominicana enfrenta una profunda crisis ambiental caracterizada por la falta de políticas efectivas que garanticen la protección de sus recursos naturales y un desarrollo sostenible. Durante el Encuentro Verde de Listín Diario, destacados ambientalistas como Luis Carvajal, Leonardo Mercedes, Michela Izzo y Esteban Polanco coincidieron en que las acciones del Estado no responden a una visión integral para enfrentar los desafíos ambientales del país.
La pobreza y su impacto en el medio ambiente
Esteban Polanco, presidente de la Federación de Campesinos Hacia el Progreso, fue enfático en señalar que la pobreza en las zonas montañosas es la raíz de muchas prácticas que afectan al medio ambiente. Según Polanco, no es el campesino el culpable directo del deterioro ambiental, sino las políticas asistenciales mal diseñadas que perpetúan la pobreza sin abordar problemas estructurales.
“El campesino no hace daño al medio ambiente; es la miseria la que lo empuja a prácticas insostenibles, como los conucos. Pero nadie le orienta ni le proporciona herramientas para trabajar de manera sostenible”, declaró Polanco, destacando los daños causados en el Alto Yuna por intereses empresariales que cuentan con respaldo político.
Ausencia de políticas estatales integrales
Para Michela Izzo, directora de la fundación Guakía Ambiente, la mayor debilidad radica en que el ambiente no es tratado como una política de Estado. En su análisis, subrayó que el país carece de sistemas de monitoreo continuo para evaluar la calidad del aire y el agua, elementos fundamentales para la planificación ambiental.
“La política ambiental no puede basarse en sembrar arbolitos mal sembrados. Se necesita un enfoque integral que incluya el ordenamiento territorial, el manejo de conflictos de intereses y un monitoreo constante”, señaló Izzo, quien también criticó la falta de progreso en la Mesa de Reforma Ambiental, que quedó en suspenso debido a desacuerdos entre entidades clave.
Expansión urbana descontrolada
Leonardo Mercedes, coordinador de la Coalición Enriquillo, denunció que la expansión urbana está afectando zonas vulnerables como los humedales del Ozama. Según el especialista, esta expansión no responde a una política de desarrollo urbano sostenible, sino a intereses de capital que priorizan la rentabilidad sobre el bienestar ambiental.
“La gestión estatal ha priorizado la expansión del capital inmobiliario sobre la protección de recursos ambientales. Las comunidades no reciben las herramientas necesarias para desarrollar una economía sostenible y proteger su territorio”, afirmó Mercedes.
Políticas contradictorias y falta de institucionalidad
Luis Carvajal, biólogo y presidente de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), criticó la debilitación institucional en la gestión del territorio. Señaló que las decisiones recientes, como la Ley de Ordenamiento Territorial, han reducido la capacidad de los municipios para evaluar y manejar los recursos.
“La redistribución de la riqueza debería pasar por una gestión adecuada del territorio. Sin embargo, vemos una política de desmonte de derechos que favorece a los intereses económicos más poderosos”, indicó Carvajal.
Avances y desafíos
Aunque los ambientalistas reconocen algunos avances, como la creación de parques nacionales y la revisión del Plan Hidrológico Nacional, estos esfuerzos son inconsistentes con las políticas territoriales. Según Carvajal, aunque existe una mayor apertura del gobierno hacia las propuestas del movimiento ambientalista, la falta de respuestas oportunas limita el impacto de estas iniciativas.
Con Información de Listín Diario
