La polémica volvió a estallar. Amnistía Internacional (AI) lanzó una fuerte acusación contra la República Dominicana, asegurando que el protocolo que relaciona la atención médica de haitianos indocumentados con la deportación es “discriminatorio, injustificado y peligroso”.
Según AI, lo que debería ser un derecho universal se ha convertido en una puerta cerrada para quienes más necesitan ayuda. El informe presentado este lunes vía Zoom, titulado “Salud sin estigmas”, revela que miles de haitianos estarían evitando acudir a centros médicos por miedo a ser detenidos. Y en ese silencio, advierte la organización, se están poniendo vidas en riesgo real.
El estudio incluyó análisis estadísticos del sistema público de salud, datos de Unicef, entrevistas con expertos y testimonios de haitianos que viven la situación en carne propia. ¿La conclusión? El protocolo no encaja con los estándares internacionales de derechos humanos y, lejos de proteger, “alimenta prejuicios raciales y estereotipos”.
AI no se quedó corta: afirmó que esta política “profundiza una narrativa racista” que presenta al haitiano como “enemigo” y distorsiona el sentido del nacionalismo dominicano.
En un país donde la salud debería ser un refugio, la denuncia cayó como una bomba. Y mientras el debate crece, la pregunta sigue en el aire:
¿Debe la salud ser un arma de control migratorio?
