El senador por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, depositó ante el Senado un proyecto de ley que busca regular la contratación de publicidad estatal en República Dominicana. La iniciativa, según explicó el legislador, pretende establecer reglas más claras para el uso de recursos públicos destinados a campañas institucionales y reducir gastos que considera innecesarios.
La propuesta llega en un momento en que el debate sobre el manejo del dinero público vuelve a ocupar espacio en la conversación nacional. Y es que, mientras el Gobierno insiste en la necesidad de ajustes presupuestarios frente a la incertidumbre económica internacional, también crecen las preguntas sobre cuánto dinero termina utilizándose en promoción oficial.
Durante su intervención ante el hemiciclo, Taveras sostuvo que el país necesita avanzar hacia una cultura de mayor eficiencia en el gasto estatal. Pero además, dejó entrever que la discusión no debe limitarse únicamente a recortes generales, sino también a revisar áreas específicas donde históricamente ha existido poca regulación y amplios márgenes de discrecionalidad.
“Debemos ir más allá y atender uno de los principales reclamos de la ciudadanía: la necesidad de eficientizar el gasto público y reducir gastos innecesarios”, expresó el senador, según la información divulgada por su oficina.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación de un tope anual para el gasto en publicidad estatal, aunque contempla excepciones en casos de emergencia o situaciones debidamente justificadas. La verdad es que la propuesta toca un tema sensible: el vínculo entre el poder político, la publicidad gubernamental y los medios de comunicación.
El proyecto también busca convertir en ley varios lineamientos contenidos en el Reglamento 1-24, emitido previamente por el Poder Ejecutivo para normar la contratación de publicidad estatal. Entre otras cosas, la iniciativa define qué tipo de contenido puede difundirse con fondos públicos y cuáles prácticas quedarían prohibidas.
Según la propuesta, la publicidad oficial debería utilizarse exclusivamente para fines institucionales, educativos y de orientación ciudadana, evitando que recursos del Estado terminen siendo utilizados para promoción política o intereses particulares vinculados a sectores de opinión pública.
Además, Taveras consideró que esta discusión podría abrir una reflexión más profunda sobre la relación entre el Estado dominicano y los medios, tanto tradicionales como digitales, especialmente en lo relativo a la distribución de contratos publicitarios gubernamentales. Un tema que, aunque pocas veces se aborda de frente, suele generar controversias silenciosas dentro y fuera de la política.
