Por Felidonio Rodríguez G.
El pasado jueves, el Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente Luis Abinader, depositó en el Senado un polémico proyecto de ley que pretende “regular la libertad de expresión y los medios audiovisuales” en la República Dominicana. Aunque la propuesta ha sido presentada como una iniciativa democrática y moderna, dirigida a fortalecer el ordenamiento jurídico nacional, la verdadera intención parece ser otra: restringir y controlar la libre expresión del pensamiento en todas sus formas.
De acuerdo con la misiva enviada por Abinader al Congreso Nacional, el proyecto tiene como finalidad abarcar la regulación de la prensa escrita, la radio, la televisión, los espectáculos públicos y, especialmente, las redes sociales. Este amplio alcance levanta serias alarmas en un momento donde la crítica al Gobierno se ha intensificado, y donde el ejercicio del periodismo independiente ha sido, en muchas ocasiones, blanco de ataques políticos y campañas de descrédito.
Uno de los aspectos más controversiales del proyecto es la creación del Instituto Nacional de Comunicación (Inacom), un nuevo órgano regulador que, lejos de garantizar los derechos fundamentales, podría convertirse en un instrumento para vigilar, fiscalizar y sancionar el contenido emitido por medios y ciudadanos. La experiencia latinoamericana demuestra que órganos de este tipo, cuando responden al Ejecutivo, tienden a coartar la libertad informativa más que a protegerla.
Si bien el presidente ha destacado la participación de juristas y periodistas reconocidos en la elaboración del proyecto, esa pluralidad no garantiza que el texto final preserve la esencia del derecho a disentir. La historia dominicana está llena de ejemplos en los que las buenas intenciones han sido utilizadas para legalizar el control del pensamiento, y todo indica que estamos frente a una estrategia cuidadosamente disfrazada de legalidad y tecnocracia.
El presidente Abinader no menciona en su comunicación oficial si el proyecto contempla sanciones penales por supuestos delitos como la difamación en redes, ni cómo se manejarán los “límites” al discurso público. Tampoco aclara el nivel de independencia que tendría el Inacom ni cómo se protegerán los contenidos de periodistas y ciudadanos que se opongan al gobierno de turno.
Resulta preocupante que, en medio de una crisis social marcada por la inseguridad, el desempleo, préstamos, alto precio del dólar, comida cara y la frustración popular expresada en huelgas y protestas, el Gobierno priorice el control del discurso por encima del bienestar ciudadano. Lo que aparenta ser una modernización legal puede terminar siendo un golpe silencioso a la democracia.
La ciudadanía y el periodismo independiente deben mantenerse vigilantes. Porque más allá del lenguaje técnico y de las promesas institucionales, lo que se juega aquí es la libertad de hablar, de escribir, de denunciar… en suma, de ser libres.
El presidente Abinader ha depositado en el Senado un proyecto de ley que dice regular la libertad de expresión, pero todo indica que su verdadero objetivo es limitar la crítica, controlar los medios y silenciar las redes sociales.
¿Estamos frente a una amenaza directa contra la democracia y la prensa libre en RD?
