La discusión sobre el dinero público volvió a tocar una de las fibras más sensibles de la política dominicana. Y esta vez, la respuesta no llegó desde un partido opositor ni desde una figura del Congreso. Llegó desde la propia Junta Central Electoral.
Con un tono poco habitual, firme y cargado de preocupación institucional, la JCE rechazó este viernes la propuesta del Gobierno de reducir en un 50 % la asignación presupuestaria destinada a los partidos políticos. Según el órgano electoral, la medida no solo tendría consecuencias administrativas o financieras. La verdad es que, a su juicio, podría terminar golpeando pilares esenciales del sistema democrático.
“La equidad en la contienda, la seguridad jurídica electoral y el ejercicio mismo de la democracia” fueron algunas de las expresiones utilizadas por la institución en un comunicado que refleja inquietud dentro del árbitro electoral.
Y es que el debate va mucho más allá de números.
El Gobierno había planteado a finales de abril una serie de recortes como parte de un plan para contener el gasto público y amortiguar los efectos de la crisis internacional derivada de la guerra en Oriente Medio. Dentro de ese paquete apareció una medida particularmente delicada: disminuir a la mitad los recursos que reciben los partidos políticos.
El director de Presupuesto, José Rijo Presbot, explicó entonces que el objetivo era generar una disponibilidad cercana a los 40,000 millones de pesos mediante una política de austeridad y eficientización del gasto estatal.
Pero la JCE entiende que los partidos ya habían sufrido un ajuste importante.
Según recordó el organismo, el Presupuesto General del Estado para 2026 ya redujo la asignación de las organizaciones políticas de un 0.25 % de los ingresos nacionales —como establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral— a un 0.12 %. Es decir, el recorte ya había comenzado antes de esta nueva propuesta.
Por eso, desde la Junta consideran que insistir en otra reducción provocaría un efecto dominó sobre la operatividad de los partidos.
Y no hablan únicamente de campañas electorales.
La institución menciona planificación financiera, organización interna, formación política, logística, programas educativos y compromisos económicos asumidos por las organizaciones con base en el presupuesto ya aprobado. En otras palabras: estructuras completas que funcionan con calendarios y obligaciones previamente diseñadas.
Además, la JCE dejó entrever una preocupación más profunda. Una preocupación que toca directamente el equilibrio democrático.
En su comunicado, el órgano electoral recordó que el sistema político dominicano descansa sobre el pluralismo partidario y sobre reglas previamente establecidas. Cambiarlas de forma abrupta, especialmente en un contexto político tan polarizado, podría generar desconfianza y alterar las condiciones de competencia.
La oposición, de hecho, reaccionó casi de inmediato.
Todos los partidos opositores han rechazado la propuesta gubernamental y algunos incluso la califican como una “maniobra política”. Para esas organizaciones, los fondos públicos no representan un privilegio discrecional, sino una herramienta institucional que garantiza participación, representación y competencia en igualdad de condiciones.
Algunos dirigentes han ido todavía más lejos.
Advierten que disminuir drásticamente el financiamiento podría favorecer a estructuras con acceso privilegiado al poder económico o al aparato estatal, debilitando a las fuerzas minoritarias y abriendo espacio a un modelo político cada vez menos equilibrado. Un escenario que algunos describen, quizá con dramatismo, como el riesgo de avanzar hacia un esquema de partido dominante o incluso de partido único.
Mientras tanto, el Gobierno insiste en que el país atraviesa un momento internacional complejo y que todas las instituciones deben asumir sacrificios.
Pero la pregunta incómoda ya comenzó a instalarse en el debate público: ¿hasta dónde puede llegar la austeridad sin afectar la arquitectura democrática?
Porque reducir gastos puede parecer, en teoría, una decisión administrativa. Sin embargo, cuando el recorte toca el corazón del sistema político, la discusión deja de ser puramente económica y se convierte en algo mucho más delicado: una conversación sobre poder, equilibrio y reglas del juego.
