No es frecuente. De hecho, casi nunca pasa. Pero esta vez, la política dominicana dejó ver una escena distinta: voces de la oposición respaldando una medida del Gobierno. Sin rodeos, sin matices innecesarios. Y eso, en sí mismo, ya dice mucho.
La decisión de centralizar en el Estado los ingresos generados por los consulados dominicanos en el exterior —anunciada por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex)— ha encontrado un apoyo inesperado. Y es que, más allá de colores partidarios, varios dirigentes coinciden en algo básico: era necesario poner orden.
La medida establece que todos los recursos captados por los consulados pasen directamente a una cuenta única del Estado. Un cambio que, en papel, suena técnico. Pero en la práctica, toca una fibra sensible del sistema político dominicano.
Porque la verdad es que, durante años, los consulados fueron vistos —y utilizados— como espacios de poder. Como recompensas. Como estructuras donde, muchas veces, el manejo de los ingresos quedaba en una zona gris.
El vocero de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, lo dijo sin adornos: la oposición no está para oponerse a todo. Y cuando algo es correcto, hay que decirlo. En su lectura, esta iniciativa busca precisamente eso que tanto se ha reclamado: control, transparencia… y reglas claras.
Sánchez incluso fue más allá. Reconoció al presidente Luis Abinader por impulsar la medida, y recordó una realidad que muchos conocen, pero pocos dicen en voz alta: los consulados, históricamente, han operado con escasa supervisión, manejando ingresos de servicios como si fueran cajas independientes.
Y no fue el único. Desde la Fuerza del Pueblo, el vocero en la Cámara de Diputados, Rafael Castillo, también valoró la decisión como positiva. Para él, no tiene sentido que funcionarios designados administren recursos públicos con autonomía total. “Es una de las mejores medidas en años”, dejó entrever, en un tono que rompe con la crítica habitual.
Sin embargo, no todo es aplauso. Y es ahí donde el debate se vuelve más interesante.
El diputado José David Báez, también de la Fuerza del Pueblo, ofreció una visión más cauta. Sí, reconoce que la centralización puede mejorar la transparencia. Pero plantea una inquietud que no es menor: ¿tiene el Estado la capacidad de administrar esos fondos de manera eficiente?
La pregunta queda flotando. Porque una cosa es ordenar el sistema… y otra, hacerlo funcionar mejor.
Báez insiste en algo clave: que esta reforma no se quede en números, en cuentas o en discursos. Que se traduzca en mejores servicios para la diáspora dominicana. En consulados que no sean solo oficinas de cobro, sino espacios que realmente acompañen al ciudadano que vive fuera.
Por su parte, la diputada Rafaela González también respaldó la disposición, aunque con una reflexión que suena a reclamo acumulado: esto debió hacerse hace tiempo. Y más aún, debería replicarse en otras áreas del Estado.
La medida fue presentada por el canciller Roberto Álvarez, junto al viceministro para Asuntos Consulares y Migratorios, Opinio Díaz, como parte de una transformación más amplia del sistema consular. Una especie de reingeniería institucional que busca, según explicaron, fortalecer la transparencia y optimizar el uso de los recursos públicos.
En el fondo, lo que está en juego no es solo dinero. Es confianza.
Y es que cuando oposición y Gobierno coinciden —aunque sea por un momento— suele ser porque algo, finalmente, está tocando un punto donde ya no hay mucho espacio para el desacuerdo.
Habrá que ver qué sigue. Porque si esta medida cumple lo que promete, no solo cambiará cómo se manejan los ingresos… también podría redefinir cómo se entienden los consulados: no como cuotas políticas, sino como verdaderos puentes entre el país y su gente en el exterior.
