La afirmación del ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, de que el acuerdo firmado entre la República Dominicana y Haití en 2021 carece de validez jurídica, ha desatado un debate en torno a la legalidad de este documento. Álvarez argumenta que se trata de una declaración conjunta de la Comisión Mixta Binacional, y que, para tener fuerza jurídica, requeriría la firma del presidente de la República Luis Abinader o la suya como canciller.
En su cuarto considerando, la declaración establece que la República Dominicana reconoce que la construcción del canal en Haití no desvía las aguas del río Masacre o Dajabón. Según Álvarez, este tipo de acuerdos debe ser firmado por el presidente o el canciller para ser legalmente vinculantes.
La controversia en torno a la construcción del canal en el río Masacre o Dajabón ha generado tensiones geopolíticas entre ambas naciones vecinas. Las autoridades dominicanas han tomado medidas para presionar a Haití a detener la obra, incluyendo el cierre de la frontera en cuatro puntos, la suspensión de la emisión de visados y la prohibición de entrada al territorio nacional de nueve haitianos que financian la obra.
El canciller Álvarez también enfatizó que, hasta que Haití no detenga la construcción del canal, no se llevará a cabo un diálogo con la nación vecina. Además, señaló que cualquier acuerdo de esta naturaleza debe pasar por el Tribunal Constitucional y el Congreso Nacional.
Este debate plantea cuestiones importantes sobre la validez y la legalidad de los acuerdos internacionales y pone de relieve la importancia de que tales acuerdos sean firmados y ratificados adecuadamente por las partes involucradas. A medida que se resuelva esta controversia, será esencial que ambas naciones trabajen juntas de manera constructiva para abordar las preocupaciones mutuas y buscar soluciones que beneficien a ambas partes.
