El clima provocado por las iniciativas de reformas, sobre todo la llamada “modernización fiscal” parece ya tener su costo político para el Gobierno y su partido, por la resistencia que ha generado en la mayoría de los sectores y en especial en aquellos de carácter empresarial que antes proclamaran la necesidad de la reforma fiscal, pero en el plano de los ideales.
Al ver el contenido de la reforma propuesta y la alta probabilidad de que se apruebe en el Congreso de la República, esos mismos sectores empresariales y de la Sociedad Civil que se mostraban favorables a la gestión pública, dirigida a favorecer al sector empresarial, ahora se levantan en actitud crítica haciendo la máxima presión para evitar ser afectados por la reforma planteada por el Gobierno.
Sin embargo, el Gobierno dispone de dos condiciones que le favorecen para llegar a los necesarios acuerdos a los que se habrá de arribar con los diversos sectores afectados, mediante la concertación y el diálogo, a consecuencia de las medidas contenidas en la propuesta de la reforma fiscal.
Esas dos condiciones son: la disposición del presidente y su partido de no reelegirse que amortigua el “costo político”; y la mayoría cualificada que tiene el partido de gobierno en el Congreso y en la Asamblea Nacional Revisora.
Esas dos condiciones deben ser aprovechadas para que en el diálogo y la concertación se llegue a los acuerdos necesarios, despojando las propuestas de reformas de aquellas medidas fiscales que van más allá de lo “razonable”, y que caen en una visión extrema que proviene del pensamiento del “libre mercado” que se ha impuesto a través de la estrategia de la globalización neoliberal.
La reforma fiscal hay que moderarla sobre todo en aquellas medidas que habrán de perjudicar a la clase media y a los sectores populares, y aún a la clase empresarial que ha sido históricamente favorecida por los gobiernos mediante los incentivos y privilegios, incluyendo aquellos que ya no se justifican y que se han convertido en mecanismos de maximización de la apropiación privada de los beneficios más allá de la “racionalidad del mercado”.
El objetivo de reducir o eliminar los déficits fiscales y el pago de la deuda no deben obscurecer el entendimiento sobre la necesidad de buscar “lo razonable” mediante la concertación y el diálogo, y sin perder de vista que la estructura fiscal debe ser un medio para sustentar la “estrategia nacional para el desarrollo”.
¡Qué la reforma fiscal no se convierta en obstáculo para el crecimiento y el desarrollo!
Fuente: La Información
